Normas a aprobar pretenden cargar costos a los privados

Opositores consideran que el Gobierno pretende cargar el costo social de sus normas al sector privado, cuando su obligación del mismo es asumir los costos, como es el caso los enfermos de cáncer, que piden que se cubra los costos de tratamientos y medicamentos; pero el MAS prefiere gastar millones en sedes sociales para sus acólitos, precisaron.

“El tratar de sobrecargar los costos a gobiernos departamentales u otras instituciones, encima de otras responsabilidades que tienen, más aún sobre esta norma que se refiere a la salud (cáncer) por supuesto que hay una intencionalidad del Gobierno de no usar sus recursos, (…) pero si hay Bs.1.728.920.47 para construir la Asociación de Transporte Libre del Oriente unido de Santa Cruz, por ejemplo”, dijo el diputado Tomás Monasterios.

Según el anteproyecto de ley de cáncer, que está en la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, prevé en el Capítulo IV Financiamiento y Fiscalización, artículo 14, numeral I, II y III, es por eso que la Cámara de Industrias ya hizo llegar su nota solicitando una reunión.

“Los recursos económicos para la Ley se gestionará del Tesoro General de la Nación y un porcentaje mínimo del presupuesto establecido de la responsabilidad social empresarial pública y privada, asimismo, un impuesto directo al tabaco, alcohol y alimentos ultra procesados que beneficiará directamente la implementación del Plan nacional de Lucha Contra el Cáncer, señala el proyecto en su acápite del artículo 14.

También agregó que el presidente, Evo Morales, hace tiempo que abandonó la lucha por los pobres y desprotegidos, porque hoy en día se rodea de grandes empresarios y gamonales del país y esto se notó en sus listas de su partido que hoy en día no son de sectores sociales sino sólo empresariales, puntualizó.

DISTORSIONA LA ECONOMÍA

Por su parte el vocero del Movimiento Tercer Sistema (MTS) Edgar Ramos, dijo que el Gobierno distorsiona la función administrativa, porque no existe racionalidad y subordina o sobrepone competencias además que disponerlas bajo decretos supremos, lo cual le deja sin posibilidades de coordinar, consensuar o refutarlas.

“En estos catorce años se ha distorsionado la función administrativa de financiar recursos y voy a dar tres ejemplos: El régimen penitenciario, la superposición de competencias entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y las alcaldías de los 339 municipios y tercero, justamente sobre el caso de las personas con cáncer, el año 2015 la ministra de Salud anunció que iban a disponer de Bs 11 millones para comprar dos aceleradores lineales para La Paz, hasta la fecha no puso ni un centavo”, señaló.