Corrupción pública
> Por este caso solo dos acusados guardan detención preventiva
El Tribunal Segundo de Sentencia instaló ayer la audiencia de juicio oral contra más de 20 personas, entre civiles y militares, implicadas en la compra de 16 barcazas y dos empujadores navales en la gestión 2010, los acusados deben responder por los delitos de incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado y asociación delictuosa, informó la fiscal Heidi Hilpatzi.
“Está iniciando el juicio, entre los investigados está el exdirector de Empresa Naviera Boliviana (Enabol), contraalmirante Freddy Ballesteros, representantes de las empresas chinas que incumplieron el contrato supuestamente, son más de 20 personas. El daño económico al Estado es cuantioso por ello se pedirá una sentencia condenatoria”, declaró la fiscal.
El caso data de 2012, cuando se reveló irregularidades en la firma del contrato entre Enabol y empresas coreanas y chinas, subcontratadas por la compañía General Marine Business en 2009, para la construcción de barcazas y remolcadores. En este proceso, militares y civiles enfrentan un proceso judicial.
Entre ellos, Grover R. y Víctor D., ambos suboficiales de la Armada Boliviana. Según su defensa técnica, eran parte del equipo comisionado que viajó a China para capacitarse en el ensamblado de remolcadores bajo el consentimiento de Ballesteros.
“A mis defendidos se los acusa de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes (…) alrededor de 20 personas son las que están en este juicio”.
La exdirectora jurídica de Enabol, Carmen G. P., está en la lista de los principales acusados por este caso, Evalth M. V., Fidel G. y Carlos J. H. De ellos sólo Ballesteros y Hur están detenidos preventivamente en el penal de San Pedro, el resto fue liberado con medidas sustitutivas.
Enabol pagó por adelantando y al contado $us 28 millones de ese monto, $us 3 millones debían ser destinados al transporte de las barcazas y los remolques que no llegaron al país, tras la denuncia e investigación se conoció que esos recursos económicos fueron a parar a cuentas de terceras personas.
Según la fiscal, al menos cinco asiáticos se encuentran declarados en rebeldía por este caso y son buscados en el extranjero.
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