Ascenso y final de la reforma agraria

La revolución agraria democrática-campesina que impulsó el MNR en el año 1953, a lo largo de más de 60 años derivó, en un proceso continuo y sostenido, en una contrarrevolución agraria neofeudal cada vez más profunda. Al iniciarse aquella tuvo dos objetivos centrales: abolir el sistema feudal y pasar al sistema democrático, “salto” que liberó a los campesinos del milenario estado de esclavitud al que estaban sometidos y declararlos, a la vez, propietarios absolutos de las parcelas de tierra que usufructuaba, con el respetivo título de propiedad, requisitos que eran su anhelo centenario.

La contrarrevolución de 1964 encontró que el punto más vulnerable de la medida agraria de Ucureña de 1953 era el derecho de propiedad dictado a favor de los campesinos y decidió eliminarlo, apoyándose, en primer lugar, en un decreto supremo dictado en 1962. En efecto, en 1965 el Consejo de Reforma Agraria amplió la limitación del decreto (DS Jordán Pando) y por una Resolución dispuso que los campesinos dueños de sus parcelas requerían permiso oficial para comercializar sus parcelas, convirtiéndolos así en meros tenedores de ellas. Enseguida, en 1965, el decreto de 1963 y la Resolución del CNRA fueron elevados a rango de ley por el gobierno restaurador.

Esas medidas acentuaron la contrarrevolución agraria, que recibió como oposición una serie de levantamientos campesinos originada por los efectos de esa disposición. Es más, gobiernos siguientes (1970-2003) continuando la línea restauradora anticampesina soslayaron el problema, que quedó sumergido y su solución dejada para las calendas griegas, aunque sin comprender que estaban creando, en esa forma, la causa para su propia crisis y la del país.

La medida de recortar a los campesinos el derecho de propiedad de la tierra, así como otros beneficios, estaba en proceso de consolidarse por presión de los sectores sociales más conservadores, que reclamaban con insistencia mantener y ampliar la medida antidemocrática del régimen restaurador de 1964, hasta que advino el gobierno de Sánchez de Lozada que dictó la ley agraria INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), que incluyó los recortes antidemocráticos y abrogó una de las conquistas económicas más importantes de la historia de Bolivia. Elevado a nivel de ley el asunto y llevando el asunto al máximo nivel reaccionario, en última instancia determinó la desestabilización de ese gobierno antiliberal.

Ese suceso abrió esperanzas para las masas campesinas del país y, no obstante su activa participación en el acontecimiento, desde entonces fueron discriminadas y consideradas desde un punto de vista racista, sin tomar en cuenta, ni mucho menos, aspectos económicos ni sociológicos. Los campesinos esperaban recuperar las libertades económicas que les fueron arrebatadas y retornar, en esa forma, al régimen democrático que habían conquistado a sangre y fuego, después de una lucha centenaria, desde los derrocamientos de Mariano Melgarejo (1871), Severo Fernández Alonso (1899) y la etapa de las grandes rebeliones campesinas siguientes (1920, 1934, 1945, 1947 y 1952).

Pero la esperanza de los campesinos indígenas más tardó en esfumarse que en realizarse. El régimen instaurado el año 2006 aceleradamente reiteró y amplió los aspectos más reaccionarios de la contrarrevolucionaria Ley INRA de Sánchez de Loza, bajo el título de Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria. Es más, llevó al extremo la contrarrevolución agraria al elevar a rango constitucional los alcances antidemocráticos de las leyes hasta entonces dictadas y nada menos que por medio de una Asamblea Constituyente. En posición francamente contrarrevolucionaria, conservó y amplió las medidas anticampesinas dictadas desde 1964 y ratificadas por gobiernos antiliberales, retrocediendo, de esa manera, al régimen feudal más conservador, de contenido anticampesino e inclusive antiindígena de antes de 1953.

A más de 60 años de la revolución democrática campesina de 1953, se confirma que desde 1964 fueron desconocidos sus aspectos fundamentales y solo quedaron los rellenos líricos, un nuevo régimen que se consolida con el método del saneamiento aplicado desde hace 20 años con más de 2 mil millones de dólares y que han obligado al país a ser importador de casi todos los alimentos que necesita su población para sobrevivir, lo que confirma que la revolución agraria democrática-campesina de 1953 terminó en una contrarrevolución agraria neofeudal.