La Seguridad Social en riesgo

La Seguridad Social en nuestro país tuvo sus inicios a fines de la década de los años treinta del pasado siglo, y años después se creó la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, en la que participaban en el directorio los representantes obreros, que eran profesionales especializados en la materia. Más tarde, luego del triunfo de la Revolución Nacional, en el primer gobierno, el 14 de diciembre de 1956 se promulgó la Ley del Código de Seguridad Social.

En su Art. 1º De la Naturaleza y Fines dice el Código: “El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia… la rehabilitación de las personas inutilizadas… y medios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar”. Dispone las prestaciones de: enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, es decir prestaciones de corto y largo alcance. De corto la salud, y largo la invalidez, vejez y muerte.

En la revolución se creó la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS), a la que se le dio importante función de seguridad social, y siguiendo el carácter de obligatoriedad para todo trabajador, su universo abarcaba a todos los trabajadores y empleados. El mismo Código reconocía además a la Caja de Seguro Social Ferroviaria y la Caja de Seguro Social Militar.

En los regímenes militares se facilitó la creación de diversa Cajas, como la Petrolera, de Caminos, Bancaria etc., así como se dispuso que las prestaciones de largo plazo sean gestionadas por otros entes. Estas medidas debilitaron a la otrora poderosa Caja Nacional, a la que le fijaron sólo la atención de salud, con lo que se convirtió en Caja Nacional de Salud.

Con las medidas de urgencia del año 1985 (DS 21.060 y 21.660), para frenar la hiperinflación, considerando el bajo precio internacional de los minerales, se “relocalizó” (despido con pago de un bono extra) a miles de trabajadores, lo que determinó que la Caja Nacional de Seguridad Social entre en una situación de “súper siniestralidad”, es decir que por el bajo número de aportantes, era difícil sostener las prestaciones, pues la Seguridad Social se sostiene con los aportes de los trabajadores y empleadores.

Ahora el gobierno ha emitido una disposición legal que obliga a la Caja Nacional de Salud a invertir sus activos monetarios en la construcción de “sesenta y siete” unidades hospitalarias y centros de salud, es decir casi duplicar los centros de salud existentes, sin que se hubiera demostrado la factibilidad técnica de la medida. Además, por declaraciones de su gerente, se convocará a empresas que entregarán los centros “llave en mano”, como si en nuestro país no hubiera empresas constructoras y de provisión de insumos y tecnología médica. Seguramente serán empresas chinas las que se adjudiquen estos requerimientos, como sucedió en otros rubros en este gobierno.

Para toda medida en Seguridad Social, como la que pretende el gobierno (la construcción de tantos centros de salud), debe efectuarse un estudio “Matemático Actuarial” a cargo de profesionales especializados, que demuestre la sostenibilidad de la medida, con el número de asegurados aportantes, beneficiarios (familia); además sobre la incidencia en enfermedades y patologías, terapias etc., según las regiones, edades y demás variables, pues no sólo se trata de construir infraestructura, sino equiparla en su totalidad, contratar personal médico y para médico y garantizar el funcionamiento permanente de los centros de salud, lo que importa una inversión y sostenimiento millonario, que podría precisamente producir una situación de “súper siniestralidad”, además de descapitalizar y privar de recursos financieros al ente gestor, que no podría encarar una pandemia, epidemia o cubrir los costos necesarios en salarios, beneficios, etc.

Esta medida (apoyada por los dirigentes de la COB serviles al gobierno), aparece luego del fracaso del Sistema Universal de Salud o Sistema Único de Salud, puesto en vigencia recientemente por el gobierno, luego de trece años de ejercicio del poder continuo, en los que la salud ha estado en un bajísimo nivel de atención. Parece más una política de gobierno salvadora de su proyecto universal, pero con riesgo de precipitar el colapso de la Seguridad Social, que afectaría a miles de trabajadores y sus familias.

El autor fue asesor del Ministerio de Salud, técnico del Instituto Boliviano de Seguridad Social y consultor OMSS/OPS.