Es increíble cómo se ha jugado con la buena fe de nuestro país con el caso “barcazas chinas” que tuvieron, de entrada, un costo de 30 millones de dólares que se pagó por adelantado ante el primer requerimiento de los vendedores. A nadie, y menos al Ministerio de Defensa o a la Fuerza Fluvial y Lacustre y a la empresa encargada de las necesidades se le ocurrió averiguar condiciones y tiempos de entrega; el caso quedó en el amplísimo universo de las “calendas griegas” y el gobierno, de tanto en tanto, señala que “se están haciendo los trámites respectivos y en poco tiempo más estarán en Bolivia las barcazas conjuntamente dos remolcadores”.
El caso lleva muchos años y todo está en un astillero chino esperando que nuestro país cancele los costos de almacenamiento que, hasta el año 2017 llegaba a 4,2 millones de dólares. A la fecha, nadie sabe cuánto se debe por almacenamiento y hasta reparación de partes que seguramente han sufrido serios deterioros. Un informe al respecto, publicado el 29 de junio pasado en este diario, señala: “Solo los remolcadores, las barcazas y el transporte suman más de 200 millones de bolivianos en pérdidas, pero si se le suman el encarecimiento del material naval por almacenaje y el desgaste de éstos, las pérdidas superan la cifra mencionada, y a pesar de los anuncios de la recuperación, las mismas no llegaron a Bolivia y los procesos a altas autoridades no avanzan”.
La colectividad nacional, conjuntamente muchas entidades, querrían saber qué es lo que pasa con este problema que significa un caso de extrema corrupción porque perder más de 30 millones de dólares tan solo por la irresponsabilidad y dejadez de autoridades, no puede ser algo que se pase por alto y se produzca una especie de “resignación” por lo sucedido.
Es el gobierno, conjuntamente el Ministerio de Defensa, la Fuerza Fluvial y Lacustre y quienes hayan intervenido, directa o indirectamente en el caso, deben explicar clara, honesta y terminantemente, qué es lo que ocurrió y cuál será el desenlace del caso. Dejar que esto pase desapercibido sería grave irresponsabilidad y, si se tiene en cuenta que son muchos los anuncios en sentido de que el arreglo preciso para la “llegada en las mejores condiciones de las barcazas y sus remolcadores en corto tiempo” ya lleva muchos años y no puede ser que quienes negocian la devolución del dinero o las reparaciones económicas precisas se contenten con enviar comisiones y recabar informaciones que nada tienen que ver con la realidad.
El problema es grave y nadie puede soslayar las responsabilidades que corresponden, muy especialmente si, en su momento, año 2009, “el Presidente autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo Nº 098 el desembolso de 30 millones de dólares para financiar el ‘proceso de implementación del empujador fluvial multipropósito en el Canal Tamengo e Hidrovía Paraná Paraguay”. El inicio de todo es, pues, claro y las informaciones deben ser igualmente precisas y actuales.
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