Acciones judiciales contra médicos

Un Juzgado Público Civil que se constituyó en Juez de Garantías Constitucionales dispuso el inicio de un juicio penal en contra del Presidente del Colegio Médico de La Paz y del Secretario Ejecutivo de la Federación de Sindicatos Médicos “por el delito de desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad”. La determinación judicial señala que “además del paro de 48 horas el sector médico continúa con la amenaza de paro de 72 horas y luego un paro indefinido, medidas señaladas como instigación a la suspensión de servicios en salud”.

El problema con los médicos es de larga data y de nada sirvieron las múltiples reuniones habidas entre representantes del gobierno y de los médicos para encontrar soluciones y remedios a varios planteamientos sobre el Servicio Único de Salud y para tratar este problema con carácter general por la serie de deficiencias que se sufre en hospitales públicos y dependencias que, prácticamente, permiten que el caso que debería ser de primera necesidad y gran urgencia, como es la salud, esté totalmente descuidado.

Según han planteado los médicos en diversas oportunidades, ellos, como profesionales buscan que los beneficios de salud cubran la mayor parte de necesidades de la población; que, para cumplir con los principales objetivos es urgente que los presupuestos que ahora son incipientes sean incrementados con miras a conseguir que tanto hospitales públicos como la salud en todas sus especialidades sean atendidas debida, oportuna y eficientemente con el aumento de ítems médicos, profesional auxiliar, provisión de medicamentos y vituallas, construcción de hospitales debidamente equipados y cobertura de todas las necesidades que este tipo de atención precisa.

Los médicos que serán juzgados señalan: “La atención nunca ha sido interrumpida, tenemos los servicios de salud abiertos y todos los pacientes están siendo atendidos, más bien no hubo afluencia de pacientes”. Señalan, por otra parte, “que los profesionales médicos lo que hacen es defender los principios constitucionales y que jamás estarían en contra de una atención completa sea mediante el Servicio Único de Salud o de cualquier otra forma que implique mejorar los servicios de atención en salud que debe tener la población”.

Para la población, si bien es la perjudicada directamente, no hay razonamiento alguno que “pueda condenar la decisión de los médicos aunque las resoluciones de paros y huelgas no son las más aconsejables, porque las consecuencias las paga el pueblo necesitado de atención en hospitales y cualesquiera otros centros de salud”. El gobierno, en el sentir de los pacientes que sufrirán mayor falta de atención en hospitales públicos, alega la imposibilidad de cubrir “todo lo que exigen los médicos; que la contratación de profesionales en salud es más que suficiente y que la provisión de insumos y medicamentos será oportuna”; pero la realidad es diferente, según los médicos.

Para la población, la medida de enjuiciar a dirigentes médicos no siempre puede llamarse apropiada y, al contrario, es el gobierno que debería encontrar los mejores remedios siquiera para solucionar parcialmente el grave problema de carencia de hospitales, insumos y medicamentos. No son las amenazas ni los juicios que se instauren las medidas apropiadas para remediar problemas acuciantes de la salud que se sufre en el país; deben adoptarse medidas positivas y, sobre todo, incrementar los presupuestos que, tan solo para Gobierno y Defensa son infinitamente superiores a los fijados para Salud que tiene la mayor importancia que no tienen ambas entidades ministeriales.