Exdiputado venezolano denunció a fiscal

La Haya.- La Corte Penal Internacional (CPI) ha admitido a trámite una denuncia del exdiputado venezolano Walter Márquez contra la fiscal jefe, Fatou Bensouda, por no abrir una investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro, confirmó ayer a la agencia EFE una fuente del tribunal.

El juez presidente, Chile Eboe-Osuji, ha designado un panel de tres magistrados para que analicen la acusación del político, un proceso que forma parte del marco legal utilizado habitualmente por la CPI para tratar este tipo de escritos, añadió la misma fuente.

Márquez ha pedido la destitución de la fiscal y la ha acusado de "negligencia" e "incumplimiento grave de sus funciones" por no haber anunciado la apertura de una investigación a pesar de recibir "más de 110 solicitudes", dijo el exdiputado en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter.

Entre esas peticiones figura una, consignada por el propio Márquez, sobre las supuestas deportaciones de colombianos que vivían en territorio venezolano en 2015 y que ya ha sido desestimada por Bensouda, según el político venezolano.

La Fiscalía ha rechazado de forma tajante la denuncia en su contra al considerarla "políticamente motivada, manifiestamente infundada, frívola y vejatoria", dijo a la agencia EFE una fuente de la oficina de Bensouda.

No es la primera vez que la corte de La Haya analiza acusaciones dirigidas contra sus propios funcionarios. La mayoría se solventan de manera confidencial y se desconoce cuánto tiempo podrían tardar los magistrados en resolver la acusación de Márquez.

La fiscal jefe de la CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde algunos opositores habrían sido maltratados.

Ese examen no es una investigación plena, sino un análisis pormenorizado sobre si se cumplen las condiciones suficientes para abrir las pesquisas, como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia venezolana ha investigado de forma genuina los hechos denunciados), su gravedad o si los delitos entran dentro de la jurisdicción de la CPI.

Este proceso no cuenta con plazos determinados, es decir, la Fiscalía no tiene la obligación de establecer una fecha límite para decidir si comienza una investigación formal o si, por el contrario, la desecha porque no se cumplen los requisitos establecidos. (EFE)