Con el efecto inmediato, deliberado o no, de provocar mayores alzas de precios y así agravar la crisis económica que sufre el pueblo boliviano, autoridades chilenas acaban de informar que triplicarán los costos de las tarifas de carga para productos que importa y exporta Bolivia por el puerto de Arica. La decisión revela la tendencia indirecta del país vecino para tratar de asfixiar a Bolivia, pérfido procedimiento centenario para convertirla en colonia consumidora de sus productos industriales y originar su creciente prosperidad.
La citada alza de tarifas en casi tres veces determinará de inmediato que los importadores bolivianos que utilizan el puerto de Arica carguen ese porcentaje a los consumidores bolivianos, que sufren por altos grados de pobreza debido a la situación de atraso a que fue condenada Bolivia como efecto de la invasión, ocupación y usurpación bélica del territorio boliviano del Litoral en 1879, acto que negó a Bolivia su relación directa con el mundo, pese al Tratado de 1904.
Es preciso agregar que al mismo tiempo que mientras la economía boliviana es perjudicada por esa decisión, la economía de Chile crece, pues así goza de ingresos considerables que benefician no solo al empresariado, sino también al Estado chileno que, por su parte, sigue ajustando las tuercas para imponer a Bolivia una política colonial proclive a que nuestro país se convierta en mercado de consumo de sus mercancías.
Esta no es la primera oportunidad en la que Chile aumenta tarifas a la carga boliviana, sino una de las muchas que impone para beneficiar su economía. Es indudable que tiene también otras maneras de hacerlo, siempre en detrimento de Bolivia. En efecto, la carga boliviana debe pagar derecho de puerto, mano de obra de carguío, derecho de almacenaje, transporte interno, por corrupción funcionaria, pagos a hoteles, bares y otros, castigos que, en general, los importadores suman a los precios de los productos que introducen a Bolivia y que su población debe consumir con precios redoblados. Así, Chile se enriquece y empobrece al pueblo boliviano.
A ese inaceptable estado de cosas se tiene que sumar la carencia de políticas por parte del gobierno plurinacional que defiendan al pueblo y la economía nacional. Tal deficiencia fue comprobada de hecho con motivo de la fracasada, inútil e impertinente demanda (que costó 17 millones de dólares) dirigida a que la Corte Internacional de Justicia de La Haya obligue a Chile a dialogar sobre la concesión de acceso al mar para nuestro país.
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