Abusos en la disputa de cocaleros

La conocida estrategia del paralelismo sindical ejercitada por el Gobierno vuelve a escribir otra de sus páginas. Esta vez Adepcoca que fuera archiprotegida del oficialismo, ahora, caída en desgracia, confronta una dirigencia paralela en medio del fragor de la batalla por el mercado de la coca. A partir de la detención de Franklin Gutiérrez, líder de Adepcoca, sindicado de varios delitos no comprobados y del allanamiento ilegal por la Policía de La Paz de la sede y mercado de acopio y venta de coca de Villa Fátima, la pugna ha llegado a atropellos sin nombre.

El día 1 de agosto en curso y después de la organización de la paralela, ésta con fuerte apoyo policial intentó la toma de dicha sede de Villa Fátima, siendo rechazados por los defensores. Como represalia el grupo auspiciado por el Gobierno tomó por la fuerza el Hospital de Adepcoca al día siguiente, para convertirlo de inmediato en nuevo mercado de expendio de la hoja. En el hecho también fueron secundados por un contingente policial que desde entonces monta guardia en el local. Extraña intervención del “verde olivo” en violación de una propiedad privada.

El ministro César Cocarico, de Desarrollo Rural y Tierras, dio por bien hecho el asalto y dijo que se trata de una fuente de enriquecimiento de los directivos de Adepcoca, sin transparencia alguna.

Sin embargo, la nueva Ley General de Coca -obra del MAS- autoriza como únicos legales los mercados de Vila Fátima de La Paz y de Sacaba en Cochabamba. Esta ley, aunque con práctica muy anterior, cede una atribución del Gobierno Nacional o del Departamental a un organismo sindical y por tanto privado, además con prerrogativas de control del producto y expedición de la famosa “hoja de ruta” de transporte y comercialización. El propósito de dicha disposición era mantener de su parte a los cocaleros de Yungas. Alejados éstos de esa simpatía, son tratados como adversarios políticos.

Entonces, el mercado de Adepcoca no significaba una garantía de que en parte el expendio cocalero no estuviera fuera del alcance del narcotráfico. Peor con los mercados instalados en Chuquiaguillo y el ex hospital de Adepcoca. Obviamente tampoco el de Sacaba garantiza algo bueno sobre el particular.

Las diferencias entre los Yungas y el Chapare se centran en la mencionada Ley General, debido a que autoriza una mayor superficie de plantación a favor del segundo y, se dice, en atentado contra la hoja tradicional de consumo de Yungas, mientras la otra no sirve para ese fin y su mercado no es otro que el de las sustancias controladas.