Nicaragua
> El país centroamericano enfrenta una crisis sociopolítica desde el 18 de abril de 2018
Managua.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al expolicía y manifestante opositor nicaragüense Erick Antonio Robleto Rivera, excarcelado el 10 de junio bajo una polémica Ley de Amnistía que buscaba la terminación de la crisis sociopolítica que vive el país.
La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte medidas necesarias para garantizar la vida e integridad del expolicía y de su familia, debido a que "las amenazas y asedio en su contra persisten".
Asimismo, la CIDH señaló que otras 17 medidas provisionales otorgadas a 17 nicaragüenses excarcelados, entre ellos los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, no deberían revocarse, a como lo está solicitando el Estado de Nicaragua.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos revocar esas medidas provisionales, bajo el argumento que los beneficiaros cuentan con plena libertad.
"Hay riesgo muy importante para sus derechos y para su integridad", dijo la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, en un tuit.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de Ortega de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores en el marco de la crisis iniciada en abril de 2018.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 595 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 -que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales. (EFE)
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