En 115 años de trabajo periodístico, El Diario enfrentó desde una intervención política, ataques a sus instalaciones, un embargo y ahora está frente a una asfixia tributaria planificada, organizada y meditada para silenciar a uno de los pocos medios que reclama por la libertad de expresión.

Amable lector: la denuncia que desde hoy difundimos en este espacio no es un alegato por preferencias, beneficios o privilegios al margen de la ley, es una voz que reclama justicia y equidad, derechos que la Constitución reconoce a todo ciudadano, empresa o centro de actividades creado para generar un servicio, en este caso informativo, ofrecer empleo y construir un país democrático y con ejercicio pleno de derechos.

El atropello ha llegado al límite. La memoria histórica de este matutino se asocia al momento más dramático registrado el 7 de octubre de 1970, cuando un grupo de sindicalistas asaltó el edificio y se apoderó de nuestras oficinas y talleres hasta agosto del siguiente año. El ataque y toma física del medio coincidía con la instalación en el poder de un gobierno militar apoyado en la ideología socialista.

La asfixia tiene diferentes etapas, obstáculos y acciones casi teatrales para convencer que nuestra empresa periodística es deudora en extremo, pero la batalla ha sido desigual al desconocerse todos los pagos realizados en efectivo y en especie. Así, los públicos sólo recibieron información parcial e interesada en desprestigiar a la centenaria casa periodística.

Todas las actuaciones de la autoridad tributaria impiden y estorban la libre emisión de pensamiento y la libre circulación del periódico, y vulneran abiertamente el artículo 296 del Código Penal en vigencia.

La agresión que sufrimos es contraria al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de 1969: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquier otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

La independencia editorial es nuestra carta de presentación y su valor es reconocido por la sociedad que nos elige por esa cualidad. Este principio ha permitido a los lectores de EL DIARIO la aproximación a noticias y opiniones diversas, pero también provocó incomodidad entre los gobiernos de las últimas décadas.

"Independientes, absolutamente independientes, no tenemos fines políticos sino sociales. No aspiramos a otra cosa que a sostener con imparcialidad los verdaderos intereses nacionales", escribió el primer director y fundador, Dr. José Carrasco Torrico, en un editorial publicado en el año 1904. El principio se mantiene firme desde hace 115 años.

El artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el aóo 2000, describe las diversas formas en que el poder del Estado puede emplearse para presionar a los medios y vulnerar el derecho a informar con independencia.

El parágrafo segundo del artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

La Carta Magna y la adhesión del Estado a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión quedan violentadas cuando la administración tributaria aplica el estigma de deudor al Decano de la Prensa Nacional y al mismo tiempo emplea muchos recursos para desconocer y desvirtuar los pagos realizados, en efectivo y en especie, en los últimos 19 años. El fondo del problema es la asfixia dirigida a silenciar la independencia periodística de un medio

En la historia del periódico centenario están escritos varios episodios de censura, persecución y presiones, pero su conducta de fidelidad con el lector se impone y mantiene con firmeza el principio de "difundir la idea, de buscar la verdad", de luchar por ella y contra la injusticia (Editorial de 1904).

Hoy agradecemos la solidaridad de nuestros lectores que confían en la seriedad, el equilibrio informativo y la apertura de las páginas a todas las iniciativas privadas, al desarrollo social y a las actividades que conciernen a todos los integrantes de las familias bolivianas y los deportes.

¿Cómo se aplicó el esquema de asfixia financiera a El Diario? La administración tributaria generó un aviso de deuda y los ejecutivos del periódico ofrecieron un pago consistente en productos (año 2000), pero sistemáticamente esquivó la monetización de la mercancía entregada y de ello ya transcurrieron 18 aóos.

El intento de cumplir la obligación no mereció respuesta, y por el contrario se apresuró el congelamiento de cuentas bancarias, y con ello se excluyó a la empresa del sistema de compras estatales (Sigma). La asfixia fue contundente, certera y direccionada a cortar todo ingreso por venta de servicios.

Simultáneamente, en lugar de ofrecer una oportunidad para la generación de ingresos destinados al pago de la deuda, se aplicaron multas, intereses y otros cargos forzando e inflando la deuda hasta montos irreales. Faltaba un golpe de imagen para provocar una herida profunda a la víctima del acoso fiscal: en 2012, una planificada operación de embargo se puso en marcha.

Espectadores, medios audiovisuales previamente preparados, agentes tributarios irrumpiendo con violencia, respaldados por policías, y un discurso con el estigma de empresa deudora de una cifra millonaria culminaron con la aplicación televisada de adhesivos al frontis del edificio principal con la palabra "embargado". Está probado que el mensaje de la administración tributaria borró toda memoria de la intención de pago demostrado por la empresa en los últimos 19 años. Esa es una forma de contar una historia parcial e interesada.

La difusión de la noticia alcanzó la espectacularidad que buscaba legitimar una acción estatal contra una empresa, una de muchísimas deudoras, pero única destinataria de la campaña mediática que tenía por finalidad derribar la centenaria imagen de El Diario.

Una solidaridad de la paceñidad, de las instituciones cívicas, de esclarecidos dirigentes de periodistas y la fortaleza de los trabajadores del periódico interpretaron correctamente el atropello y la intencionalidad, y mostraron disposición de defender un medio identificado con la libertad de expresión, la libertad de prensa y los valores de unidad nacional.

Una verdadera ingeniería de crisis, apoyada por trabajadores decididos a respaldar al Decano de la prensa boliviana, venció los obstáculos que rayaron hasta en la censura cuando funcionarios de alto rango marginaron a los reporteros de ruedas de prensa, de declaraciones y noticias de interés público. Pero las barreras fueron vencidas.

Además del congelamiento de cuentas bancarias, la inhabilitación en los procesos de compras estatales de servicios (venta de publicidad), la asfixia financiera a El Diario se materializó con la persecución a los clientes del periódico centenario.

Una carta enviada a un habitual anunciador, de la cual guardamos copia, "ordena" la retención de pagos por deudas a El Diario y su envío a una cuenta bancaria de la administración tributaria con la severa advertencia de "responsabilidades penales y civiles correspondientes".

Así, el cliente que contrataba servicios en el periódico paceño, en lugar de pagar directamente al medio por avisaje, estaba obligado a depositar el dinero en la oficina tributaria. La asfixia se hacía más intensa. El contribuyente perdía toda opción de obtener dinero y cumplir con las obligaciones.

Atemorizados, otros clientes prefirieron evitar todo vínculo comercial con el periódico, ante una eventual fiscalización por apoyar al trabajo independiente del medio impreso.

No fue casual que empresas publicitarias que por décadas anunciaron en nuestras páginas, también tomen el mismo rumbo. El temor era visible, se advertía en el ambiente, aunque las expresiones públicas no lo manifestaban.

A ello se agregó un extraño coro: el gobierno departamental y el municipal, que aparentemente están controlados por partidos de oposición, suspendieron la contratación de avisos, separatas y otros servicios que ofrece El Diario.

Ambas entidades estatales realizan publicaciones extensas en otros medios locales y de menor circulación.

Ante tal evidencia, expresamos extrañeza porque un grupo de funcionarios encargados de la compra de espacios de publicidad incurrió en la exclusión de un medio tradicional, en sintonía con la asfixia financiera. La actitud es cuestionable porque los recursos que administran y se emplean en la compra de publicidad son públicos y no pertenecen a los administradores de turno.

Se violenta la equidad en el tratamiento publicitario a medios privados, se incurre en un castigo financiero directo, y se usa el poder estatal en "la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial", en contra de lo que señala el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).