Historia de una asfixia VII

El ciudadano toma la palabra. En la página de Facebook del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), los contribuyentes emitieron opiniones sobre la carta publicada por el principal ejecutivo de la entidad gubernamental, en dos diarios locales, y en la que acusa a El Diario de un ataque a la política tributaria.

La primera inquietud compartida por más de un cibernauta es la vulneración de la confidencialidad establecida por el artículo 68 de la Ley 2492. Para preservar a los autores de los comentarios de una represalia, solo citaremos algunas opiniones de las cuales guardamos la correspondiente captura de imagen.

Se debe evitar desprestigiar a las empresas con estos comunicados. En todo caso, como esos avisos, debería haber miles en Bolivia, reflexiona un ciudadano.

En el capítulo VI, El Diario hace pública su pregunta: ¿por qué se estigmatiza a esta empresa periodística como la mayor deudora? La opinión del cibernauta es coincidente porque la lista de los mayores deudores nunca es motivo de un ranking y menos de una difusión masiva.

Otro ciudadano cuestiona el abuso de poder de entidades que crean normativas y elaboran leyes sin consultar con los contribuyentes. Lamenta que las noticias solo anuncien que las deudas se heredan a los hijos (que aún no han nacido), que derivan en el congelamiento de cuentas o en el despojo (remate) de bienes inmuebles.

Un análisis de un ciudadano afirma que el caso es una muestra crónica del anatocismo, un concepto que habla del cálculo de intereses sobre otros intereses. El comentario advierte que esta forma de cobro vulnera el principio constitucional de proporcionalidad y de no confiscatoriedad. Por tanto, es inconstitucional y contraria a la seguridad jurídica.

Una opinión generalizada señala que la persecución tributaria es efectiva contra las personas y empresas que eligieron la formalidad, pero es indiferente con sectores que eluden su registro como contribuyentes y administran negocios comerciales prósperos.

El Diario publica estos comentarios bajo la protección constitucional que en su artículo 21 declara como derechos civiles a la libertad de pensamiento, a expresar y a difundir libremente opiniones “por cualquier medio de comunicación”.

El Diario es, junto a muchos ciudadanos y empresas privadas, una víctima del abuso de la administración tributaria.