Muchas veces se ha informado que efectivos de la Fuerza Fluvial y Lacustre han realizado decomiso de cueros de caimanes y lagartos; también se dijo que animales vivos de estas especies habrían sido decomisados y que eran vendidos a comercializadores extranjeros que acuden a regiones del oriente boliviano en pos de animales vivos y cueros; se añadió que las autoridades han tomado medidas para evitar este tipo de delitos poco o nada informados al público porque jamás se supo cuál fue el destino de lo incautado.
Hace pocos días se informó que la Fuerza Fluvial y Lacustre, acantonada en Puerto Menor de Santa Rosa, habría decomisado “49 caimanes y lagartos en el río Yacuma, durante un patrullaje fluvial de control de la explotación y depredación de la fauna silvestre, realizada el pasado 23 de julio, se interceptó una embarcación de madera que transportaba a bordo 49 especies entre caimanes y lagartos de los cuales 14 se encontraban sin cuero”. Al respecto, autoridades de diversos sitios colindantes a los grandes ríos, conjuntamente las capitanías de la Fuerza Fluvial y Lacustre controlan y vigilan los ríos, pero en su mayor parte infructuosamente porque los resultados son pocos. Igualmente, estas dependencias de las FFAA tratan de combatir la explotación irracional de oro, pero igual sin resultados mayores por no contar con los medios necesarios.
A propósito, la Ley 1.333 del Medioambiente, cap. VI Flora y Fauna Silvestre, indica: “El estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la flora y la fauna silvestre tanto acuática como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en particular de las especies endémicas, de distribución restringida amenazadas y en peligro de extinción”; pero cazadores y depredadores, no solo nacionales sino extranjeros que invaden nuestro territorio, hacen caso omiso de las disposiciones y pescan y cazan todo tipo de animales que los adquieren los llamados “rescatadores”, pagando precios altos, que en los mercados finales tienen costos muy elevados (ED 25-7-19).
Es preciso que las autoridades del gobierno dispongan que tanto la Fuerza Fluvial y Lacustre como alcaldías y gobernaciones del oriente que tienen jurisdicción sobre los grandes ríos realicen campañas muy severas para contener la acción de depredadores de la naturaleza y, además, combatan la explotación irracional de oro, que inclusive envenena las aguas por las grandes cantidades de mercurio que utilizan. Finalmente, es urgente que haya informaciones pormenorizadas sobre este tipo de negocios ilegales que causan mucho daño al país y atentan contra el medio ambiente.
Dejar en la impunidad el tráfico de especies animales es muy peligroso porque incita a que otros imiten esas conductas, bajo el principio de que “todo es posible en tierras abandonadas por la autoridad”. Nuestro país ya ha sufrido mucho por el abandono de regiones que no han tenido la presencia de autoridad alguna que vele por sus derechos.
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