En 115 años de trabajo periodístico, El Diario enfrentó desde una intervención política, ataques a sus instalaciones, un embargo y ahora está frente a una asfixia tributaria planificada, organizada y meditada para silenciar a uno de los pocos medios que reclama por la libertad de expresión.

Amable lector: la denuncia que desde hoy difundimos en este espacio no es un alegato por preferencias, beneficios o privilegios al margen de la ley, es una voz que reclama justicia y equidad, derechos que la Constitución reconoce a todo ciudadano, empresa o centro de actividades creado para generar un servicio, en este caso informativo, ofrecer empleo y construir un país democrático y con ejercicio pleno de derechos.

El atropello ha llegado al límite. La memoria histórica de este matutino se asocia al momento más dramático registrado el 7 de octubre de 1970, cuando un grupo de sindicalistas asaltó el edificio y se apoderó de nuestras oficinas y talleres hasta agosto del siguiente año. El ataque y toma física del medio coincidía con la instalación en el poder de un gobierno militar apoyado en la ideología socialista.

La asfixia tiene diferentes etapas, obstáculos y acciones casi teatrales para convencer que nuestra empresa periodística es deudora en extremo, pero la batalla ha sido desigual al desconocerse todos los pagos realizados en efectivo y en especie. Así, los públicos sólo recibieron información parcial e interesada en desprestigiar a la centenaria casa periodística.

Todas las actuaciones de la autoridad tributaria impiden y estorban la libre emisión de pensamiento y la libre circulación del periódico, y vulneran abiertamente el artículo 296 del Código Penal en vigencia.

La agresión que sufrimos es contraria al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de 1969: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquier otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

La independencia editorial es nuestra carta de presentación y su valor es reconocido por la sociedad que nos elige por esa cualidad. Este principio ha permitido a los lectores de EL DIARIO la aproximación a noticias y opiniones diversas, pero también provocó incomodidad entre los gobiernos de las últimas décadas.

"Independientes, absolutamente independientes, no tenemos fines políticos sino sociales. No aspiramos a otra cosa que a sostener con imparcialidad los verdaderos intereses nacionales", escribió el primer director y fundador, Dr. José Carrasco Torrico, en un editorial publicado en el año 1904. El principio se mantiene firme desde hace 115 años.

El artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el aóo 2000, describe las diversas formas en que el poder del Estado puede emplearse para presionar a los medios y vulnerar el derecho a informar con independencia.

El parágrafo segundo del artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

La Carta Magna y la adhesión del Estado a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión quedan violentadas cuando la administración tributaria aplica el estigma de deudor al Decano de la Prensa Nacional y al mismo tiempo emplea muchos recursos para desconocer y desvirtuar los pagos realizados, en efectivo y en especie, en los últimos 19 años. El fondo del problema es la asfixia dirigida a silenciar la independencia periodística de un medio

En la historia del periódico centenario están escritos varios episodios de censura, persecución y presiones, pero su conducta de fidelidad con el lector se impone y mantiene con firmeza el principio de "difundir la idea, de buscar la verdad", de luchar por ella y contra la injusticia (Editorial de 1904).

Hoy agradecemos la solidaridad de nuestros lectores que confían en la seriedad, el equilibrio informativo y la apertura de las páginas a todas las iniciativas privadas, al desarrollo social y a las actividades que conciernen a todos los integrantes de las familias bolivianas y los deportes.

¿Cómo se aplicó el esquema de asfixia financiera a El Diario? La administración tributaria generó un aviso de deuda y los ejecutivos del periódico ofrecieron un pago consistente en productos (año 2000), pero sistemáticamente esquivó la monetización de la mercancía entregada y de ello ya transcurrieron 18 aóos.

El intento de cumplir la obligación no mereció respuesta, y por el contrario se apresuró el congelamiento de cuentas bancarias, y con ello se excluyó a la empresa del sistema de compras estatales (Sigma). La asfixia fue contundente, certera y direccionada a cortar todo ingreso por venta de servicios.

Simultáneamente, en lugar de ofrecer una oportunidad para la generación de ingresos destinados al pago de la deuda, se aplicaron multas, intereses y otros cargos forzando e inflando la deuda hasta montos irreales. Faltaba un golpe de imagen para provocar una herida profunda a la víctima del acoso fiscal: en 2012, una planificada operación de embargo se puso en marcha.

Espectadores, medios audiovisuales previamente preparados, agentes tributarios irrumpiendo con violencia, respaldados por policías, y un discurso con el estigma de empresa deudora de una cifra millonaria culminaron con la aplicación televisada de adhesivos al frontis del edificio principal con la palabra "embargado". Está probado que el mensaje de la administración tributaria borró toda memoria de la intención de pago demostrado por la empresa en los últimos 19 años. Esa es una forma de contar una historia parcial e interesada.

La difusión de la noticia alcanzó la espectacularidad que buscaba legitimar una acción estatal contra una empresa, una de muchísimas deudoras, pero única destinataria de la campaña mediática que tenía por finalidad derribar la centenaria imagen de El Diario.

Una solidaridad de la paceñidad, de las instituciones cívicas, de esclarecidos dirigentes de periodistas y la fortaleza de los trabajadores del periódico interpretaron correctamente el atropello y la intencionalidad, y mostraron disposición de defender un medio identificado con la libertad de expresión, la libertad de prensa y los valores de unidad nacional.

Una verdadera ingeniería de crisis, apoyada por trabajadores decididos a respaldar al Decano de la prensa boliviana, venció los obstáculos que rayaron hasta en la censura cuando funcionarios de alto rango marginaron a los reporteros de ruedas de prensa, de declaraciones y noticias de interés público. Pero las barreras fueron vencidas.

Además del congelamiento de cuentas bancarias, la inhabilitación en los procesos de compras estatales de servicios (venta de publicidad), la asfixia financiera a El Diario se materializó con la persecución a los clientes del periódico centenario.

Una carta enviada a un habitual anunciador, de la cual guardamos copia, "ordena" la retención de pagos por deudas a El Diario y su envío a una cuenta bancaria de la administración tributaria con la severa advertencia de "responsabilidades penales y civiles correspondientes".

Así, el cliente que contrataba servicios en el periódico paceño, en lugar de pagar directamente al medio por avisaje, estaba obligado a depositar el dinero en la oficina tributaria. La asfixia se hacía más intensa. El contribuyente perdía toda opción de obtener dinero y cumplir con las obligaciones.

Atemorizados, otros clientes prefirieron evitar todo vínculo comercial con el periódico, ante una eventual fiscalización por apoyar al trabajo independiente del medio impreso.

No fue casual que empresas publicitarias que por décadas anunciaron en nuestras páginas, también tomen el mismo rumbo. El temor era visible, se advertía en el ambiente, aunque las expresiones públicas no lo manifestaban.

A ello se agregó un extraño coro: el gobierno departamental y el municipal, que aparentemente están controlados por partidos de oposición, suspendieron la contratación de avisos, separatas y otros servicios que ofrece El Diario.

Ambas entidades estatales realizan publicaciones extensas en otros medios locales y de menor circulación.

Ante tal evidencia, expresamos extrañeza porque un grupo de funcionarios encargados de la compra de espacios de publicidad incurrió en la exclusión de un medio tradicional, en sintonía con la asfixia financiera. La actitud es cuestionable porque los recursos que administran y se emplean en la compra de publicidad son públicos y no pertenecen a los administradores de turno.

Se violenta la equidad en el tratamiento publicitario a medios privados, se incurre en un castigo financiero directo, y se usa el poder estatal en "la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial", en contra de lo que señala el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cuatro dís después de publicarse la primera denuncia sobre asfixia tributaria al decano de la prensa boliviana, el presidente ejecutivo de Impuestos Nacionales Mario Cazón Morales escribió una carta en la que pide derecho a réplica y acusa a El Diario de emplear "el pretexto de libertad de expresión" para "eludir el pago de impuestos que es de las bolivianas y bolivianos".

En este espacio responderemos, siempre con el debido respeto a los amables lectores, a las consideraciones, acusaciones e imprecisiones del principal ejecutivo de la administración tributaria.

En su primer párrafo, la carta de 8 de agosto de 2019, expresa que El Diario "ataca al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la Política Tributaria boliviana con el pretexto de defender la libertad de expresión..."

Al respecto, cabe remarcar que este medio de información se acoge al artículo 115 de la Constitución que garantiza a todo ciudadano "el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural...". Por tanto, no se trata de un ataque a una institución estatal; es una defensa de derechos que asisten, en este caso, a contribuyentes afectados por imposiciones tributarias cuestionables.

Para El Diario, la libertad de expresión es una de las libertades defendidas desde hace más de un siglo, y no es un "pretexto" ocasional como argumenta la autoridad, y menos para "eludir" obligaciones. Desde el pasado lunes 5 de agosto, en esta columna explicamos que durante dos décadas se efectuaron pagos en efectivo, sufrimos retenciones de dinero y entregamos productos con la finalidad de honrar los impuestos de ley. También denunciamos la persecución y amedrentamiento a nuestros clientes.

Con esta explicación a los públicos que siguen nuestras ediciones, también desvirtuamos la afirmación del Presidente del SIN orientada a estigmatizar a una familia bajo el rótulo de deudora y evasora de impuestos. Desde luego que los ciudadanos no pueden esperar otro estigma de una institución que presume de los ciudadanos una condición de evasores, en lugar de contribuyentes.

El Diario es, junto a muchos ciudadanos y empresas privadas, una víctima del abuso de la administración tributaria.

La serie de recuento histórico de una asfixia tributaria iniciada el pasado lunes 5 de agosto, realiza una nueva denuncia. El derecho a la reserva y la confidencialidad expresado en el artículo 68 del Código Tributario boliviano y que debe proteger a todo contribuyente, ha sido vulnerado nuevamente en el caso del periódico centenario EL DIARIO.

El numeral 4 del artículo 68 de la Ley 2492 expresa que los sujetos pasivos tienen derecho a la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la Administración Tributaria... Ese derecho ha sido vulnerado en varias oportunidades y a manera de ejemplo citamos tres fechas: en junio de 2013, en abril de este año y en la carta enviada por el principal ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, el pasado jueves 8 de agosto.

Aquí cabe una pregunta: ¿por qué existe el interés de estigmatizar a EL DIARIO como el mayor deudor cuando existen otras empresas con actividades económicas que movilizan mayores recursos financieros y de las cuales se desconoce su estado de deudas?

Quebrada la confidencialidad y el derecho a ella, el SIN asegura que EL DIARIO adeuda la fabulosa cifra de 666,7 millones de bolivianos, una cifra aproximada a los 96 millones de dólares. El dato es 16 veces más que el supuesto tributo omitido.

Para ilustrar al lector sobre la magnitud de esta deuda elaborada en el SIN basta citar algunos datos sobre la industria de diarios en el mundo. En 2013, el diario estadounidense The Washington Post fue vendido por 250 millones de dólares, y ese mismo año el The Boston Globe cambió de dueño por 70 millones de dólares.

Como lo explicamos en columnas anteriores, EL DIARIO entregó en el año 2000 un lote de productos que en su momento tenían un valor mayor al tributo adeudado. A ello se agregan las retenciones de dinero depositado en cuentas bancarias y la retención de pagos de clientes.

Concluimos que no hubo interés de aceptar esos pagos y en lugar de ello se prefirió multiplicar la deuda. Aquí demostraremos con actuaciones documentadas que, al rechazarse toda forma de pago, no existe voluntad de retirar al periódico paceño de la lista de deudores.

EL DIARIO es, junto a muchos ciudadanos y empresas privadas, una víctima del abuso de la administración tributaria.

El ciudadano toma la palabra. En la página de Facebook del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), los contribuyentes emitieron opiniones sobre la carta publicada por el principal ejecutivo de la entidad gubernamental, en dos diarios locales, y en la que acusa a El Diario de un ataque a la política tributaria.

La primera inquietud compartida por más de un cibernauta es la vulneración de la confidencialidad establecida por el artículo 68 de la Ley 2492. Para preservar a los autores de los comentarios de una represalia, solo citaremos algunas opiniones de las cuales guardamos la correspondiente captura de imagen.

Se debe evitar desprestigiar a las empresas con estos comunicados. En todo caso, como esos avisos, debería haber miles en Bolivia, reflexiona un ciudadano.

En el capítulo VI, El Diario hace pública su pregunta: ¿por qué se estigmatiza a esta empresa periodística como la mayor deudora? La opinión del cibernauta es coincidente porque la lista de los mayores deudores nunca es motivo de un ranking y menos de una difusión masiva.

Otro ciudadano cuestiona el abuso de poder de entidades que crean normativas y elaboran leyes sin consultar con los contribuyentes. Lamenta que las noticias solo anuncien que las deudas se heredan a los hijos (que aún no han nacido), que derivan en el congelamiento de cuentas o en el despojo (remate) de bienes inmuebles.

Un análisis de un ciudadano afirma que el caso es una muestra crónica del anatocismo, un concepto que habla del cálculo de intereses sobre otros intereses. El comentario advierte que esta forma de cobro vulnera el principio constitucional de proporcionalidad y de no confiscatoriedad. Por tanto, es inconstitucional y contraria a la seguridad jurídica.

Una opinión generalizada señala que la persecución tributaria es efectiva contra las personas y empresas que eligieron la formalidad, pero es indiferente con sectores que eluden su registro como contribuyentes y administran negocios comerciales prósperos.

El Diario publica estos comentarios bajo la protección constitucional que en su artículo 21 declara como derechos civiles a la libertad de pensamiento, a expresar y a difundir libremente opiniones "por cualquier medio de comunicación"..

El Diario es, junto a muchos ciudadanos y empresas privadas, una víctima del abuso de la administración tributaria.