Historia de una asfixia VIII

Una ministra interpreta las quejas de los ciudadanos. El hermano menor de la titular de Desarrollo Productivo Nélida Sifuentes abrió una empresa unipersonal dedicada a la instalación de gas domiciliario. En dos años no realizó ninguna instalación, “pero Impuestos ya lo fue a multar y tuvo que cerrar”.

El testimonio está incluido en la entrevista realizada por el periodista Walter Vásquez, en la página 13 del suplemento El financiero del diario La Razón (11/08/19) bajo el título “’Impuestos es lo peor… es verdad”.

“Si eso hacen (multar al contribuyente), lo hacen a todo el pueblo. Entonces, tiene que haber algunas políticas para fortalecer al sector industrial, al sector empresarial; porque tal como es Impuestos, ahoritita, viene sobre tu cabeza y ya has muerto antes de hacer con tu empresa un solo proyecto, y encima te multan. Cuántas pequeñas industrias mueren así en nuestro país”, declaró Sifuentes al matutino colega.

La ministra Sifuentes recogió testimonios del propio personal de la administración tributaria, según la entrevista: “La misma gente de Impuestos me contó que un albañil sacó su NIT (número de identificación tributaria) para agarrar una obrita (obtener un contrato) y por eso perdió hasta su casa. Con esa clase de susto ya nadie quiere abrir su NIT y volverse formal”.

Desde la publicación de la serie Historia de una asfixia, iniciada el lunes 5 de agosto, las quejas de los contribuyentes en las redes sociales se multiplican y denuncian una presión excesiva contra el sector formal.

Con el cierre de empresas multadas, el desempleo es una amenaza para los trabajadores. En el caso de EL DIARIO, los periodistas, administrativos, personal del área gráfica y distribución rechazaron la asfixia tributaria de la que es objeto este periódico centenario.

“Después de un largo silencio a la espera de una solución que garantice la estabilidad laboral de los trabajadores y sus familias, la situación no solo es la misma, sino que se torna crítica”, señala un comunicado.

EL DIARIO es, junto a muchos ciudadanos y empresas privadas, una víctima del abuso de la administración tributaria.