El poder político y la (in)dependencia judicial

La buena administración de justicia no se reduce simplemente a la existencia o funcionamiento de órganos judiciales independientes del poder político, que sean capaces de resistir presiones de todo tipo, se requiere fundamentalmente contar con profesionales del derecho que sean idóneos, honestos, honrados e íntegros.

Un diagnóstico rápido sobre el sistema judicial del Estado Plurinacional nos permite identificar que no todo el Órgano Judicial es dependiente del poder político y tampoco todos los operadores de justicia son inescrupulosos o corruptos.

Si el poder político tuviera bajo su dominio (totalmente) a la justicia o que la corrupción fuera total, el país, la sociedad, viviría en un caos, en un desorden, en una desorganización social, porque todo se habría desmoronado.

Al igual como sucede en otros países, en Bolivia la justicia tiene grandes problemas, existen operadores de justicia que incumplen los mandatos legales y constitucionales, muchos de estos aspectos conciernen netamente a los recursos humanos, a la idoneidad y principalmente a la integridad de los mismos. Aunque lo mencionado es solo una parte del problema, quizás lo sientan más los pobres y algunos políticos (debido a la persecución que se les hace, especialmente en periodos electorales).

La independencia del Órgano Judicial es vulnerada más con fines políticos y en relaciones o conflictos que se dan entre políticos; el “poder de la justicia” muchas veces es manipulado por el “poder político”, sea para afectar, reprimir, castigar o anular a los adversarios políticos.

El problema de la independencia judicial es una cuestión que se manifiesta en determinados casos, no en todos, por cierto, se da fundamentalmente cuando hay actores políticos de por medio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta independencia o la ausencia de está, no es el principal problema.

La idea de la “judicialización de la política” tiene ese significado, en lugar de la detención o eliminación del adversario, se usa a la justicia, iniciando un proceso judicial al adversario desde el poder político, que mueve a algunos o quizás a muchos operadores de justicia para este fin y se presiona para que se dicte un fallo a favor o en contra, según convenga a sus intereses.

La “correlación de fuerzas” está casi siempre a favor del poder político, el Órgano Judicial no ejerce el poder que tiene, no obstante que ha sido constituido sobre la base de la voluntad popular y en elecciones judiciales. No se niega que esta modalidad tiene sus defectos, que ha sido cuestionado por diversos sectores de la sociedad, entre otros, por la falta de transparencia en el proceso de selección de los candidatos, por la falta de idoneidad de los evaluadores o, finalmente, por el poco apoyo electoral que recibieron los elegidos (legitimidad en entredicho).

Por otra parte, a diferencia de alguien que tiene poder, es poco probable que un ciudadano pobre (salvo excepciones, claro está) pueda manipular al Órgano Judicial, por ejemplo que el juez dicte una sentencia a su favor.

En este caso y como debe ser siempre, que la relación de poder esté a la par de la administración de justicia y que los ciudadanos, sean estos gobernantes o gobernados, vivan todos bajo el imperio de la ley.

A propósito, no deja de ser interesante lo que sucedió en Prusia (Alemania en la época del absolutismo, Siglo XVIII) con los jueces de Berlín. Cuenta la historia que cuando Federico el Grande construyó su palacio, había a un costado de sus jardines un viejo molino de madera, ruidoso y sucio. Al rey le pareció que ese molino afeaba su nueva residencia y mandó derribarlo. El molinero, sin embargo, se opuso a la decisión del monarca y llevó el caso ante la justicia, al tiempo que le decía al rey: “Señor, todavía hay jueces en Berlín”. Y cuando los jueces fallaron a favor del molinero, el mismo monarca, respetuoso de la justicia, celebró que hasta él mismo tuviera que acatar la decisión de los jueces.

En tal virtud, es necesario que el poder político deje de presionar sobre la justicia, que los operadores de justicia tomen conciencia y tengan una actitud sólida de sujeción a la independencia judicial en la medida de lo posible, con lo cual se habría dado un paso importante para mejorar la justicia, tal vez para acabar o contrarrestar esta historia del sometimiento al poder político.

Sin embargo, pensar que la desjudicialización de la política terminará con los problemas de la administración de justicia es caer en un reduccionismo insostenible, debido a su alta complejidad.

La falta de independencia es un gran problema, pero no es el único y posiblemente ni el que más afecta a la población litigante.

El autor es Politólogo – Abogado, Docente Unifranz.

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