El presidente Evo Morales justificó ayer que los familiares de la diputada oficialista Valeria Silva ocupen cargos jerárquicos en instituciones públicas en nombre del derecho al trabajo. Indicó que las acusaciones se hacen solo para desgastar a la también candidata a una diputación para los comicios generales de octubre.
“Todos tienen derecho a trabajar, no porque uno es diputada, presidenta, vicepresidente no tiene derecho a trabajar, una cosa es nepotismo y está totalmente prohibido”, manifestó Morales en conferencia de prensa.
La Real Academia de la lengua Española (RAE) define nepotismo como la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”.
Según datos de la Contraloría, el padre de la legisladora, Óscar Silva, es jefe de Comunicación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y su esposo Joaquín Rodas es director general de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), dependiente del Ministerio de Economía.
La madre de Silva, Liliana Guzmán, trabaja en el Ministerio de Defensa y sus hermanos ocupan cargos en la Contraloría General del Estado, el Banco Unión y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Morales recordó que en el pasado, en gestiones anteriores, los gobiernos neoliberales de turno también colocaban a sus familiares en distintos cargos.
“Recordar que (el expresidente) Jaime Paz Zamora, sus hijos fueron diputados, después de que fue presidente, su hermana era dueña del Palacio” de Gobierno.
Sobre el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada calificó a su yerno de “dueño del Palacio” de Gobierno, dijo que su hija fue diputada y en un tiempo su hermano fue Contralor del Estado. “Todo en familia”, remarcó.
En el actual régimen las denuncias apuntan hasta el momento a seis autoridades que han colocado a sus familiares en cargos públicos.
Entre los casos que se conocen se tiene a tres hermanos del exministro de la Presidencia, René Martínez Callahuanca, que ocupan puestos en reparticiones estatales como Insumos Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, tenía a su hermana en YPFB y su excuñado es actualmente director del Segip (Servicio General de Identificación Personal). La ministra de Salud, Gabriela Montaño, tiene a su esposo trabajando en el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
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