Ni una más: las queremos vivas

Con mucho pesar e indignación, observamos atónitos que los índices de feminicidio no han cesado. Al contrario, éste se viene incrementando peligrosamente, evidenciando que el maltrato y violencia hacia la mujer constituye un acto vil y cobarde ejercido por individuos cuya naturaleza agresiva e inapropiada avergüenza al género masculino.

Tal situación exige superar consignas tibias que pretenden explicar que este flagelo social es resultado de la predominancia de una cultura patriarcal machista imperante, cuyo accionar refleja ascensos sustanciales de abusos sexuales, violaciones y agresiones, físicas, verbales y psicológicas que sufren a diario las niñas y mujeres, llegando incluso a desenlaces fatales (feminicidio).

Pese a la promulgación de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (348), a la fecha, los casos de feminicidio a nivel nacional alcanzaron a 79, según los datos de la Fiscalía General de Estado. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL), establece que en Bolivia 2 de cada 100.000 son asesinadas, siendo el país con más mujeres eliminadas en Sudamérica. A esta lista le sigue Paraguay, con una tasa de 1,6 sobre cada 100.000, Ecuador y Uruguay con 1,3; además de Brasil que posee altos niveles de violencia y criminalidad en la región (1,1).

Lamentablemente, no ha sido posible generar conciencia de igualdad entre hombres y mujeres; pues aún es perceptible la prevalencia de situaciones de poder y dominio –las más de las veces imaginarias- del hombre sobre la mujer, expresadas en actos sistemáticos visibles e invisibles de prácticas de violencia y agresiones verbales, psicológicas, físicas, intrafamiliares y económicas contra la mujer.

Esta realidad interpela las medidas gubernamentales aplicadas, evidenciando su ineficacia para frenar este flagelo, además de exteriorizar las carencias de la Ley 348 relativas a la ausencia de recursos, el respaldo de reglamentaciones complementarias, así como un conjunto de políticas, programas y proyectos de Estado, para la protección y prevención de la violencia contra la mujer de manera integral. A ellos se suma la deficiente incorporación de la perspectiva de género en la formación y ejercicio profesional de los operadores de justicia (juzgados, fiscalía y policía); el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a luchar contra toda forma de abuso y agresión hacia las mujeres.

Queda claro que el feminicidio no distingue edades, credo, religión, raza, clase social ni posición y pertenencia económica. Por ello, tanto autoridades, instituciones, organizaciones y sociedad civil en general, debemos declarar tolerancia cero a la violencia; constituyéndonos en protagonistas y artífices de una lucha mancomunada de hombres y mujeres para frenar los feminicidios, siendo la prevención la estrategia de sensibilización clave, para la promoción y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Todos somos responsables de cambiar estas realidades trágicas por la que atraviesan las mujeres del país, por el hecho de reclamar, de manera justa y legítima, su derecho a vivir con dignidad y libre de toda forma de violencia por razones de género, en una cultura eminentemente patriarcal y en un orden económico y social que históricamente las ha subyugado, discriminado y subvalorado. Por todo ello hacemos eco de la premisa firme y solidaria de reclamar y exigir a viva voz: Ni una más, las queremos vivas.

El autor es MGR. Docente e investigador UMSS – Cbba.