“Justicia en Bolivia, un deseo, una aspiración”

El sistema de administración de justicia del Estado boliviano enfrenta la severa dependencia del Órgano Ejecutivo, dada la coyuntura política pareciera que al entorno del poder le es conveniente mantener este régimen que “no penaliza el delito, sino castiga al pobre”, el Órgano Judicial debe proponer reformas en el marco de su independencia, planteó el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, al inicio de la presente gestión judicial anunció como uno de los objetivos institucionales recuperar la fe y credibilidad en la justicia.

La dependencia política del Órgano Judicial del poder Ejecutivo es una de las mayores dificultades estructurales que se traduce en la desinstitucionalización del Estado, dejando inoperantes a las entidades llamadas a defender a la sociedad.

“El sistema de justica no está cumpliendo con sus funciones porque las directrices no vienen de sus propias atribuciones, sino de los niveles que los someten a su dependencia con consignas y lineamientos políticos”, puntualizó Villena, tras señalar como una de las mayores causas de zozobra y desconfianza de la población.

“El Órgano Judicial cumple labores que responden a cálculos destinados a sacar réditos políticos, todas sus competencias en varios casos vienen a ser simplemente antecedentes nada más. Declaraciones que pueden estar bien intencionadas son sólo eso, declaraciones. La población perdió esperanza en su gestión (de justicia) porque no permite que el acceso a la justicia sea un derecho”, desde la valoración del exdefensor del Pueblo.

TRANSPARENCIA Y

RECUPERAR LA FE

Al inicio del año judicial para la presente gestión, el presidente del TSJ señaló que uno de los mayores propósitos es recuperar la fe en la justicia boliviana, a partir de “cero tolerancia a la corrupción, labor que fue planteada construir de manera conjunta con todas las instituciones e instancias que componen al sistema de justicia”.

Bajo este criterio, la primera autoridad del TSJ anunció “el reordenamiento, la reasignación y ampliación de competencias de juzgados y Tribunales, en base a criterios estadísticos, tomando en cuenta las necesidades reales con criterio poblacional, de acceso territorial y de acuerdo al desarrollo legislativo”, de cuya propuesta se cumplió con la implementación de 22 salas constitucionales que iniciaron a prestar servicios desde febrero.

Dentro de las acciones de fortalecimiento al sistema de administración de justicia, Revilla anunció mecanismos que agilicen la atención en el sistema de administración de justicia, “acercarse a la (…) privilegiando el área jurisdiccional por encima del área administrativa y la desconcentración de servicios”, la reciente inauguración de Salas Constitucionales, e la zona sur de la sede de gobierno es parte de los resultados de gestión.

En esta línea, se ofreció la consolidación de la Carrera Judicial, bajo un riguroso sistema meritocrático, de idoneidad y moral, para cuyo cumplimiento se planteó la “revisión integral de todos los subsistemas” a fin de efectivizar su funcionamiento en el marco de los principios rectores de la Constitución Política del Estado (CPE).

Bajo estos lineamientos, el pasado 3 de enero, Revilla anunció “la decisión radical de enfrentar no una reforma a la justicia, sino una revolución que implique cambios sustanciales en la nueva forma de articular (la justicia)”.

REINGENIERíA

NO AJUSTES

En criterio de Villena, las reformas al sistema de administración de justicia debiera partir de una lectura centrada en la refundación a partir de un análisis de las causas y las consecuencias en todos sus escenarios, designación de operadores, formación de los nuevos administradores de justicia .

“Los ajuste eventuales, como el aumento de áreas de atención a la sociedad, más personal y más presupuesto económico, dentro de esos propios ajustes son útiles e importantes pero no solucionan el problema de fondo. Lo importante es que la sociedad pueda pasar de su condición de objeto a sujeto de derecho, educativo, político. Es un proceso que debe empezar por los sectores de alta vulnerabilidad, entre estos las mujeres y niñas, los pueblos indígenas, población de la tercera edad”, apuntó tras señalar que no se trata de hacer un acomodo para mejorar la imagen institucional cuando el fin apunta a continuar bajo el mismo régimen.

Desde esta perspectiva, Villena señaló esta gestión, dentro sus funciones públicas, tiene que ver con las capacidades de ejecución e independencia del el Órgano Judicial, a partir de sus propias iniciativas con profesionales altamente calificados que cuenten con el beneficio de la confianza de la población y que les permita sostenerse en el largo plazo.

La gestión pública de la administración de justicia debe lograr la formación colectica necesaria de respeto a la “primacía de la ley y la institucionalidad”, revertir la actual falta de respeto a las leyes y los principios que se refleja en la discrecionalidad en el manejo de la justicia.

Otro elemento que revela la fragilidad del acceso a la justicia son las acciones colectivas de “justicia por mano propia” que cuestiona el respeto a la ley. “No se está justificando esta forma de buscar justica porque es un delito, pero en su desesperación de la gente tiene claro que lo que va a suceder. Los delincuentes están un corto tiempo aprehendidos y luego vuelven a las calles y en algunos casos existen acuerdos con quienes los han metido a la cárcel”.

Con iguales expresiones, Villena se refiere a los consorcios delictivos conformados por jueces, policías y fiscales. “Se sabe que están operando, pero no se dice quiénes son parte de esas redes detrás de las operadores visibles. Esto hace que la gente termine tomando justicia con sus mansos en una sentida y humana necesidad de sentirse segura”, lo que hace que se genere un nueva situación de impunidad.

De acuerdo con estadísticas del exdefensor del Pueblo, hasta la gestión 2016 el 76 % de los privados de libertad no contaba con sentencia, cifras recientes difundidas por el Director Nacional de Régimen de Penitenciario, Jorge López, esta indicador bajó a un 70 % sumados los 51 recintos para privados de libertad en todo el país. Avance incipiente aún, a decir de Villena.

“A disminuido el número de presos sin sentencia, pero la realidad sobrepasa con creses lo que desde la formalidad se está sosteniendo. El principio de la presunción de inocencia se ha convertido en el principio de presunción de la culpabilidad”.

Desde esta valoración, al no existir gestión pública desde de Órgano Judicial, porque el Ejecutivo se anticipa a la hechos mediante el manejo mediático, la incertidumbre de la colectividad es latente y cada vez mayor, actuación que suma la instrumentalización de la Policía, inclusive vulnerando derechos lo que hace la administración de justica se vaya complicando cada vez más.