En Bolivia, la pobreza es del 61 %

El Art. 46.I. de la Constitución Política del Estado establece: “Toda persona tiene derecho: I. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”. Según la Cepal, en 2016 la tasa de pobreza era de 35,3 %, y en 2017 de 35,2 %. Otros países registran mejores índices, como Brasil 19,5 % en 2016 y 19,9 % en 2017. Por lo tanto Bolivia es el Estado que menos redujo la pobreza en la región, solo 0,1 puntos porcentuales entre 2016 y 2017.

Bolivia tiene 11,3 millones de habitantes, de los cuales 3,9 millones son pobres (35 %). De igual manera la Extrema Pobreza en 2915 estuvo en 14,7 %, en 2016 subió a 16,7 % y en 2017 bajó levemente a 16,4 %, o sea de 2016 a 2017 la reducción de la extrema pobreza fue de 0,3 puntos, por tanto Bolivia se encuentra entre los más pobres de la región.

El Cedla señala que el 61 % de los bolivianos sufre de “pobreza multidimensional”, los investigadores dicen que “la pobreza es la negación de los derechos humanos; las políticas públicas deben estar orientadas a dar solución a los problemas derivados de la falta de condiciones para su reducción, por su relación fundamental con la democracia y el desarrollo”. “En 2017, el 34 % de la población boliviana era pobre por ingresos”, según el INE, “mientras que los pobres multidimensionales llegaron al 61 %”. Lo son específicamente por falta de acceso a recursos monetarios y bienes del hogar, sin logro educativo con acceso a internet, datos que influyen en la incidencia de la pobreza multidimensional. Destaca la falta de acceso al empleo de calidad, así como a la salud y la educación, como otras dimensiones importantes que no permiten salir de la pobreza, lo que revela la falta de oportunidades en el país. También se refiere a la pérdida de poder y voz de la población, que ha generado pobreza debido a la división y fragmentación de las organizaciones sociales, así como su menor participación e influencia en las decisiones políticas. Asimismo se refiere a la falta de seguridad ciudadana, elemento de la pobreza multidimensional, por la naturalización de la violencia dentro y fuera del hogar. Señala que en el área rural, de cada 10 personas, siete viven en una situación de pobreza multidimensional. “Cuando las mujeres y los indígenas son jefes de hogar en las ciudades, cumplen las condiciones de pobreza multidimensional similares a las del área rural”.

Las políticas públicas del gobierno no garantizan la seguridad de ingresos para las y los bolivianos, por el contrario se amplían las brechas de desigualdad en el acceso a recursos, oportunidades, participación política y seguridad ciudadana, ya que los Departamentos de Potosí con el (68 %), Beni (63,9 %), Oruro (62 %) y La Paz (60,5 %) son las cuatro regiones del país que tienen mayor incidencia de pobreza, por encima del promedio nacional. Potosí tiene, de acuerdo con el PNUD, 26,1 % de Pobreza Extrema, cuando fue el Departamento que con su riqueza mineral de la plata aportó al erario nacional e hizo florecer a Europa para el impulso de la Revolución industrial y ahora se debate en la Extrema Pobreza, convirtiéndose en el Departamento más pobre de Bolivia

La pobreza multidimensional del 61 % de Bolivia tiene una relación con el empleo, los profesionales jóvenes no encuentran trabajo y se dedican al comercio informal, no cuentan con derechos fundamentales de salud, educación, vivienda, porque el gobierno no genera empleo, que debe ser con nuevos emprendimientos, especialmente en el área agropecuaria, con la producción de alimentos agroecológicos. El gobierno importa alimentos, lo que llega a un 40%, que significa una erogación de nuestros ahorros, determinados en las Reservas Internacionales que cada vez se van reduciendo. El gobierno aumenta la Deuda Externa y la Interna financiando a las empresas estatales deficitarias solo para favorecer a sus militantes sin formación académica ni técnica. Exigimos el cumplimiento de la Constitución, con empleo para los jóvenes profesionales.

La autora es Abogada – ex Asambleísta Constituyente.