Política extractivista del MAS amenaza a indígenas y ecosistemas

La ampliación de la frontera agrícola, la exploración de hidrocarburos y minerales en reservas naturales, la construcción de hidroeléctricas del Bala y El Chepete son algunas de las políticas extractivistas que está implementando el gobierno de Evo Morales. Acciones que están amenazando la existencia de al menos 10 pueblos indígenas que habitan esas regiones y la extinción de la biodiversidad única en el país.

Los líderes indígenas, del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas y Alex Villca de la Amazonia, coincidieron por separado, que la política económica extractiva del gobierno está poniendo en riesgo a las naciones indígenas. Advirtieron que la única forma de frenar estos atropellos es la unidad de los afectados y emprender una lucha en defensa de su territorio.

“Estamos llegando a dimensiones tan grandes que ya no podemos tolerar, no podemos vivir en paz, necesitamos tomar acciones concretas y esperemos que, en los siguientes días, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas que aún creen que una Bolivia mejor es posible debemos actuar”, señaló Villca.

La Constitución Política del Estado (CPE), promulgada en el 2009, reconoció la existencia de 36 naciones indígenas en todo el país, de las cuales alrededor de 29 de ellas se encuentran asentadas en cuatro departamentos: 15 en el Beni, 4 en Pando, 5 en Santa Cruz y 3 en Tarija.

AFECTADOS

Hace un mes, el presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 3973, que autorizó la quema controlada de los bosques que se encuentran en los departamentos de Santa Cruz y Beni, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. En esas regiones están asentadas 19 naciones indígenas.

Los opositores acusan al gobierno que la aprobación de esta norma ocasionó el incendio forestal que se registró el Roboré-Santa Cruz en pasadas semanas, donde el fuego consumió más de 500.000 hectáreas del bosque seco de la Chiquitanía. En este departamento se encuentran 5 naciones indígenas: Chiquitano, Guarayos, Ayoreo, Guaraní y Guarasu´We, los dos primeros son los más afectados por esta catástrofe ambiental.

TIPNIS

Otra de las regiones afectadas es el Tipnis, que a través de la ley 969 que quitó la intangibilidad del área protegida y viabilizó la construcción de la carretera, hidroeléctricas, autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la exploración y explotación de hidrocarburos, además del ingreso de cooperativas mineras para la obtención de minerales.

En esta reserva natural existen más de 17 naciones y pueblos indígenas, entre ellos: Moxeño, Sirionó, Yuracaré, Mosetén, Chimán y otros que están siendo afectados por la depredación de sus territorios. Vargas advirtió del ingreso descontrolado de colonizadores que están cultivando coca de forma ilegal en el Polígono 7.

TARIQUÍA

La Reserva Natural de Tariquía del departamento de Tarija también es amenazada por Petrobras que suscribió un contrato con el gobierno para la exploración de gas en esa región. Los habitantes están en emergencia permanente ante la coacción por parte de la empresa que pretende ingresar en cualquier momento.

Después de marchar seis días desde la reserva hacia Tarija, en un cabildo exigieron al gobierno la anulación del acuerdo y advirtieron que no permitirán la depredación de su territorio, que es una de las reservas que alberga a una diversidad de flora y fauna.

HIDROELÉCTRICAS

Con el afán de convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica, proyectó la construcción de tres hidroeléctricas: las represas El Chepete y El Bala, que pondrían en peligro al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi -La Paz y la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas-Beni.

El segundo proyecto polémico ha sido la construcción de la hidroeléctrica Rositas, que se prevé impactará al Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños (ANMI).

CONTRADICCIONES

A revista científica Ecología y Evolución de la Naturaleza (Nature Ecology and Evolution) observó los discursos contradictorios de Evo Morales, tomando en cuenta que en diferentes foros internacionales hace una defensa acérrima de los derechos de la madre naturaleza, pero en el país aplica normas que permiten la devastación de las áreas protegidas.

Alfredo Romero, investigador principal del estudio y miembro del Departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt, en Berlín, apuntó a 11 leyes aprobadas por el Gobierno que viabilizan estas acciones.

Por ejemplo, en el 2015 se promulgaron los Decretos Supremos 2298 y 2366 reducen la consulta previa a un simple trámite administrativo y permiten la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas. Otra de las normativas cuestionadas es el DS 2366 que aprobó la exploración de hidrocarburos dentro de las áreas protegidas de Bolivia.

En ese mismo año se aprobó la Ley 741 que autoriza la ampliación del desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades agrícolas, el cual dio origina la promulgación de varios decretos, entre ellos el cuestionado 3973.

ACCIONES

Al respecto, el líder indígena Alex Villca, propuso iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, por la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza.

Esto fue respaldado por el exdirigente del Tipnis, Fernando Vargas. Villca dijo que esta decisión puede ser asumida por los líderes indígenas que luchan por la defensa de sus territorios, que derivó en la creación de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

Por su parte, Vargas no descartó que acudan a instancias internacionales, a la Corte Interamericana De Derechos Humanos y al Tribunal Internacional de la Madre Tierra para denunciar por biocidio y etnocidio.