La cultura de la (i)legalidad

Hace 2.100 años, el cónsul y gobernador del imperio romano Cornelio Tácito (año 56 - 120 d. C.) señalaba que “los Estados más corruptos son lo que más leyes tienen”, al parecer no estaba equivocado.

En Bolivia hasta la fecha la Asamblea Legislativa Plurinacional desde 2010 ha promulgado 1.195 leyes, un promedio de 119 por año, a esa cifra se suma la normativa departamental municipal e indígena originario campesina, (la regional no emite leyes, porque no tiene un Órgano Legislativo), además de los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario.

Según la definición marxista, el derecho es la expresión de la clase dominante erigida en ley o también se considera al derecho como ideología de clase. Que la normativa está hecha para preservar el dominio de los grupos políticos y económicos, lo cual, es muy probable, sin embargo, con la inclusión de la normativa internacional, esta figura cambia, dado que no existe una ideología dominante per se.

Por lo que resulta pertinente evaluar la eficacia y la eficiencia de las mismas, si fueron logrados los objetivos esperados, está claro que ninguna ley servirá si no hay quien las haga cumplir, tal vez ese aspecto sea el nudo gordiano del asunto.

En el país se vulnera la ley frecuentemente, cuando infringir la norma otorga ciertas ventajas, entre otros, no emitir factura para obtener mayores ganancias, coimear al policía de tránsito antes que ir a sus oficinas, pagar para acelerar cualquier trámite, venta de bebidas alcohólicas a menores de edad (lo cual está prohibido, pero se lo hace por ser un negocio lucrativo).

Similar situación acontece cuando algún empresario quiere ahorrar dinero y no cumple con las leyes de protección social y laboral, se aprovecha el hecho que no existan fuentes de empleo, habiendo mucha gente que está dispuesta a trabajar, aunque sea en condiciones de precariedad (trabajo en negro).

No por nada se escucha recurrentemente la frase “hecha la ley, hecha la trampa”, que se refiere a la historia de unos monjes japoneses que sólo podían comer carne de algún animal marino, pero como su obtención era trabajosa y en aquel lugar abundaban los cerdos, decidieron catalogar a los puercos como “ballenas silvestres”. Desde entonces, se ha incorporado la mencionada expresión para denunciar que ante la aparición de cualquier norma, de inmediato surge una estrategia para evitarla.

Existe aceptación y obediencia de la población a la ley, cuando la normativa ha sido bien elaborada y consensuada por las instancias correspondientes, en ese sentido, no hay nada más que debatir. El Estado solo debe garantizar el orden social y la seguridad jurídica, dejando de lado cualquier cálculo político o interés de tipo sectorial.

La ley debe ser de cumplimiento general, incluidos los gobernantes, sin distinción de alguna naturaleza. Lo ideal, lo aconsejable, es que un gobierno no debe tener tanto poder, a fin de evitar que los mismos puedan actuar por encima de la ley. En democracia se requiere de una verdadera división de poderes para lograr los equilibrios necesarios, dar lugar al “check and balance”, donde un poder controle al otro poder.

Suprimir las facultades discrecionales a los políticos, a fin que los susodichos dejen de pedir dinero (diezmos) a cambio de favores. Otro aspecto, no menos importante, es castigar con todo el rigor de la ley a los poderosos, “caiga quien caiga”.

La experiencia nos demuestra que existe incumplimiento de la ley cuando no se castiga, lo cual genera impunidad, convirtiéndose a la postre en una práctica perversa.

Como lo confirma el abogado mexicano Gerardo Felipe Laveaga Rendón, quien junto a varios de sus colegas coinciden en señalar que las personas solo obedecen la ley cuando temen ser castigadas y, por el contrario, no la obedecen, debido a la profusión, ambigüedad, complejidad, inequidad y oscuridad del ordenamiento jurídico.

La influencia que tienen las leyes sobre la prosperidad o el fracaso de los países, será siempre discutible. Se requiere de estudios serios, como lo hizo en su momento el Barón de Montesquieu, quien en su recorrido por Alemania, Suiza, Italia, Austria, Hungría, Holanda e Inglaterra analizó las costumbres, hábitos, ideas predominantes y normas jurídicas, los cuales se ven plasmados en su obra “El espíritu de las leyes”. Ahí señala que las reglas que determinan la conducta humana no son permanentes ni absolutas, sino que surgen y evolucionan de acuerdo con los contextos históricos, culturales, tipos de gobierno y el carácter de una sociedad determinada.

El autor es Politólogo – Abogado, Docente Unifranz.

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