No más deforestación, respeto a la Madre Tierra

En 2010 la pérdida de la masa forestal fue 20 veces más sobre la media planetaria, según la Fundación Friedrich Ebert Stiftung de Alemania. La deforestación en sólo tres meses llegó a 167 por ciento más que la registrada en el mismo periodo del año anterior. Las quemas para habilitar tierras para la ganadería y agricultura aceleran la desaparición de bosques. El país pierde anualmente 350.000 hectáreas de bosques, debido a actividades que implican unos 320 metros cuadrados por persona de pérdida de bosque al año, una de las más altas del mundo y representa, según la FES, unas 20 veces más que el promedio mundial. Con este ritmo, los bosques de Bolivia podrían desaparecer para el año 2100. La fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) responsabilizó a la ABT y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por el desastre ambiental.

El 29 de septiembre de 2015, Morales promulgó la Ley 741 de autorización de desmonte hasta 20 Ha para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, con la cual profundizó el modelo de expansión de la frontera agrícola en detrimento de los bosques. Con el DS 3.973 de 9 de julio, Morales presentó ante la Federación de Ganaderos la autorización para quemas y desmontes. Un mes antes de los incendios forestales de la Chiquitania, autorizó las “quemas controladas” en los departamentos de Santa Cruz y Beni, afectando a la Reserva Natural de Tucavaca, donde hay 554 especies distintas de animales, distribuidas en 69 especies de mamíferos, 221 de aves, 54 de reptiles, 50 especies de anfibios y 160 de peces que son únicos en todo el mundo.

La deforestación mediante quemas y desmontes es para:

1) cultivo de caña para el Etanol (alimento de las maquinas), producción de gasolina combinada con etanol a cargo de ingenios azucareros, que deforestarán hasta 2025 alrededor de 175.000 nuevas hectáreas con la producción de caña de azúcar. YPFB recibirá hasta 2025 unos 380 millones de litros de etanol de parte de los ingenios, muchos de los cuales han iniciado la entrega de 80 millones de litros, para ampliar la siembra de soya sobre 250 mil hectáreas para producir biodiésel.

2) Cultivo de soya para exportación de las grandes transnacionales, que escasamente beneficia a Bolivia.

3) A los ganaderos para exportación de carne a China y Europa, cuyo beneficio es directamente a los empresarios, sin tomar en cuenta que estas tierras tienen vocación forestal, no agropecuaria. Se incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas debido a la baja capacidad de absorción de las tierras agrícolas, comparadas con los bosques, pérdida de reserva de agua importante (en los suelos y vegetación), estos suelos no son aptos para la agricultura. La recuperación forestal tardará 200 años.

4) Otorgar tierras a los interculturales (colonizadores) para siembra de coca. Por tanto NO es para alimentar al pueblo boliviano.

Con su Ley 741 y su DS 3.973 vulnera el Art. 124. I.2.de la CPE que establece: “Comete delito de traición a la patria el que viole el régimen constitucional de Recursos Naturales”. Por tanto exigimos el cumplimiento de la CPE, Art. 349: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo” y declarar Desastre Nacional, pedir ayuda internacional, abrogar la Ley 741, el DS 3.943 y las normativas que anularon los planes de uso del suelo de Santa Cruz, Beni y Pando. Que se declare “la inmovilización de los bosques afectados, para promover su restauración efectiva”, ya que son generadores de semillas, fibras, miel, agua, oxígeno, regulan el clima, impiden erosión y evitan vientos huracanados, que alcanzan 100 Km por hora; prohibir cualquier asentamiento o “conversión a la agricultura” de las áreas afectadas; restaurar los bosques que son generadores de vida. En cumplimiento de la CPE, Art. 172, “El Presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

La autora es abogada y ex Asambleísta Constituyente.