Desde hace mucho tiempo los ciudadanos se preguntan por qué el país sigue ligado a la mentira, a la vulneración de las leyes, y al no me importismo de todo lo que pase, primero sobre el sistema económico, social y la serie interminable de hechos que están fuera de la ley. Es conocido por todos que a las altas autoridades no les interesa la crítica y siguen con su criterio respecto a lo que más les conviene; la confusión entre los bolivianos es por demás delicada.
Primero a esas autoridades no les afecta la Constitución Política del Estado, porque cuando tienen el poder en las manos disponen que se cambie las leyes para favorecerse, (caso de la re-re-re-elección), ordenando a su vez que se aplique una norma contraria a todas las disposiciones legales, para que se acepte esa mencionada re-re-postulación (caso Tribunal Supremo de Justicia). Muchos de los jueces probos y legisladores están separados porque no aceptan algún tipo de presión y cumplen estrictamente las leyes, sin embargo otros pueden cambiarlas por presión o porque son parte de la ilegalidad y corrupción.
En un artículo del 18/8/19 en un matutino local se explica, con mucha claridad, puntos específicos sobre las FFAA, que violan las principales leyes del Estado, algo inconcebible, desde el punto de vista de respeto, disciplina, doctrina, normas principales que se aprende desde el inicio de sus estudios. Esto sucede dentro del alto organismo tutelar de la Nación, especialmente porque se considera que es el termómetro de la política del país, que debe hacer cumplir todas las leyes. Además los jóvenes recurren a todos los institutos militares, para respetar incondicionalmente a la Patria y sus normas, asimismo en el servicio militar la enseñanza dará su fruto con la protección de nuestra querida Bolivia en todos los confines.
Nadie que tenga conocimiento de la Constitución Política del Estado puede aceptar que el máximo jefe de la Institución armada asuma una posición política en forma abierta y en un acto transcendental, como es el día de su creación. Aparte de la Constitución, se viola la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), cuyas disposiciones son bastante claras en cuanto el respeto al organismo, además que la misma señala sanciones severas a quien tome una posición política.
Pero por muy alto que sea el cargo que se ejerce, qué pasa con los del Tribunal de Justicia Militar, que deberían ser los primeros en aplicar los artículos concretos del Código Penal Militar. Sabemos que los subalternos están por debajo de la primera investidura, si pudieran, seguramente ellos pedirían el pase a la reserva activa para su jubilación, que indudablemente les corresponde. Sin embargo, este organismo solo sirve para subalternos, donde aplican disposiciones inmediatamente, que costaron muchas veces la baja de algunos militares, por hechos mucho más leves, y no esperar a que otras entidades civiles pidan un juicio por racismo e incitar a dar sanciones a quienes no apoyen al gobierno; seguramente su próximo destino es una embajada u otra prebenda.
Pero no todo queda ahí, para asegurarse de algún modo el señor Presidente ofrece a los militares la participación en empresas estratégicas del Estado, para asegurar su permanencia en el poder, como en Venezuela, cuyas FFAA manejan ese país detrás de bambalinas, con la figura demagógica de Maduro.
Al margen de este caso, no falta un señor que pide que el servicio militar no sea obligatorio, sus argumentos pueden ser ciertos, pero debemos analizar con mucho cuidado el mismo porque repercutirá fundamentalmente en otras disposiciones, entre las que podemos citar: reducción del presupuesto de las FFAA, reducción paulatina de los Institutos Militares (Colegios Militares, Escuelas de Sargentos, de Técnicos y muchas otras), que actualmente están en plena vigencia. Y, finalmente, solo crear un pequeño organismo que no tenga mayor significación, además lo que significaría abolir la libreta del Servicio Militar.
Las críticas sobre el famoso discurso político del señor Comandante han tenido muchas repercusiones, al extremo que se le está iniciando un juicio por varios delitos, entre los que se encuentra incitar a la discriminación, pero si el mismo no sigue su curso será por la intervención de los organismos manejados desde otro nivel. También se puede citar el caso de un coronel que discrimina a un civil en forma tajante, en Cossmil, donde parece que al mismo no le interesan los juicios y menos dar cumplimiento a las leyes, creyendo que la entidad, en ese campo que le corresponde desempeñarse, es su hacienda y puede hacer lo que le venga en gana.
Reitero lo publicado varias veces, sobre un señor que ha tenido la desgracia de jubilarse en la entidad por su último aporte y que la AFP cumplió con destinarlo a esa Institución, a la cual sigue aportando por más de un año y no recibe atención en salud, hecho muy sui generis, haciendo caso omiso a memoriales y reclamos. Lo grave es que la salud no se puede privar a nadie, porque este hecho se lo considera como un crimen, más aún si es aportante a un seguro.
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