Gobierno aprobó 10 normas que afectan a bosques y reservas

En los 13 años de gobierno de Evo Morales y aplicar una política económica extractiva, se aprobaron 10 normativas, entre leyes, decretos supremos y modificaciones de reglamentos técnicos, que afecta de forma directa sobre los bosques y reservas naturales del territorio boliviano. Activistas ambientales y opositores exigen la abrogación de las normas que autorizan la quema controlada de terrenos.

Según datos oficiales, el incendio que aún se presenta en la Chiquitania arrasó con más de un millón de hectáreas de bosque. Hasta el momento, el Gobierno canalizó el alquiler del Boeing 747-400 Supertanker para mitigar con el fuego.

La aeronave realiza tres riegos por día, además se desplazó a más de un millar de voluntarios para sofocar el fuero por tierra. Sin embargo, no es suficiente porque los focos de calor aun están activos y se desplazan rápidamente por el viento y la alta temperatura.

El investigador y exdiplomático, Pablo Solón, advirtió que la producción de soya, el modelo del agronegocio, la extensión de cultivos de coca, la ganadería, los biocombustibles, los asentamientos ilegales y el chaqueo son los factores que alientan el gran flagelo a la naturaleza.

LEYES

El 11 de enero del 2013, Evo Morales promulgó la Ley 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un perdonazo para los desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, con la condición de que los beneficiarios restituyan solo el 10 % de la región afectada.

Dos años después, el 29 de septiembre del 2015 se publicó la Ley 741, autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y ganaderas, que sean sustentables en armonía con la Madre Tierra.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) es la institución que autoriza el desmonte en una determinada región con cobertura boscosa, no era necesario presentar un plan de gestión integral de bosques y tierra.

Al respecto, el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, advirtió que si bien esta norma beneficia a familias que tiene una pequeña propiedad para el sembradío, pero esto fue usado por el gobierno para dotar de tierras a varios sectores afines al gobierno para sacar réditos electorales

COMBUSTIBLE

El 15 de septiembre del 2017, el Presidente aprobó la Ley 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia ingrese a la producción de biocombustibles. Esta normativa tiene por objetivo promover la mejora progresiva y sustentable del rendimiento de cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal, es decir a la producción de mayor cantidad de soya para producir el biodiésel.

El 25 de abril de este año, se promulgó la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconocía el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, que a través de ese mecanismo se da paso a la quema planificada y controlada. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua es el responsable para la elaboración de una política del manejo integral de esa herramienta.

PERDONAZOS

La Ley 502 del 19 de febrero del 2014 determinó aplicar la primera ampliación del perdonazo por 12 meses más para que los interesados suscribirse al Programa de Alimentos y Restitución de Bosques a partir de la aprobación de esa norma. Donde se incluye a las empresas medianas y pequeñas propiedades.

El 30 de septiembre se promulgó la Ley 739 que establece una segunda ampliación, donde los propietarios de las propiedades de hasta cinco años para ser parte del programa.

DECRETOS

El pasado 9 de julio, el presidente Evo Morales aprobó la modificación del Decreto Supremo 26075, sobre Tierras de Producción Forestal Permanente, para ampliar las áreas de producción del sector ganadero y agroindustrial de los departamentos del Beni y Santa Cruz.

La norma autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que estén concebidas bajo un sistema de manejo integral sustentable de bosques y tierras. Esta modificación también permite la quema controlada de acuerdo a la norma vigente.

ABROGACIÓN

Los opositores atribuyen que estas normas están destruyendo las reservas naturales del país, porque el gobierno continuó aplicando una economía extractiva. Ante eso, el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez, presentó un proyecto de ley para la abrogación del DS 3973 y la Ley 741, que autorizan la quema controlada de tierras en Beni y Santa Cruz.

La Iglesia Católica también se sumó a este pedido, proponen declarar tierras de inmovilización con causas ecológicas a las áreas que fueron afectadas por el fuego, prohibir el cultivo y la extracción, promover las tareas de reforestación.

Sin embargo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aseguró que el chaqueo y el desmonte continuará para mejorar la producción agrícola. A la vez advirtió que no se paralizará el asentamiento de pobladores en esa región.

“Hay muchos sectores que gente del occidente no vaya al oriente, eso es muy peligroso se quiere volver a escenarios del 2008. Decir que no se hagan más comunidades es privar a muchos campesinos que quieren trabajar la tierra”, añadió.

DAÑOS

El Colegio de Biólogos de La Paz hizo una evaluación del daño ambiental que ocasionó el incendio, donde identificaron la pérdida de 40 mil árboles maderables propios de la región. Además, de “1.200 especies de animales pueden haber sido afectadas. Hay 3.500 especies de plantas del lugar y 8 especies de maní silvestre que son muy importantes, que seguramente fueron afectadas también”.