Ven “uso político” de desastre
> Los candidatos a la presidencia Óscar Ortiz y Carlos Mesa coincidieron por separado, que se debe investigar la dotación de tierras en el oriente boliviano a sectores afines al MAS
Los líderes indígenas fueron los primeros en plantear un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, ahora se suman los opositores y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Lo responsabilizan por aprobar el Decreto Supremo 3973, que legalizó las quemas controladas en Beni y Santa Cruz. Mientras que el Gobierno advierte que los opositores y otros sectores están politizando el incendio en la Chiquitania que produjo la pérdida de más de un millón de hectáreas.
“Vamos a estructurar un juicio de responsabilidades contra todos aquellos que han firmado el Decreto Supremo 3973, esto quiere decir que tendremos un espacio importante para que todos los elementos e indicios, basados en lo que ha sucedido, en las víctimas y los derechos vulnerador, para que eso permita tener un instrumento jurídico”, señaló Rolando Villena, integrante del Conade.
El líder indígena de la amazonia, Alex Villca, sugirió que el proceso contra el mandatario por biocidio y etnocidio, porque no solo se pone en riesgo a la diversidad de flora y fauna de esa región, sino también a los pueblos indígenas. Incluso advirtió que estas acciones pueden llegar a organismos internacionales como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y al Tribunal Internacional de la Madre Tierra.
En esa misma línea, el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, añadió que el gobierno vulneró la Ley 1333 de Medio Ambiente, promulgada el 27 de marzo de 1992 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Tomando en cuenta que el artículo 20 de esa norma considera varios factores para la degradación del medioambiente, entre ellos: los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad ecológica, las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población.
POLITIZACIÓN
En respuesta, el canciller Diego Pary manifestó que no les preocupa las acciones que vayan a realizar los opositores, aseguró que el gobierno actuó en el momento oportuno y que están enfocados en trabajar para que los focos de incendio se puedan reducir.
“En este momento nosotros estamos concentrados en atender a la población afectada, en atender todos los requerimientos que se tiene, en canalizar la cooperación y en aplacar el fuego, no nos preocupa lo que la oposición piense, porque lo único que hacen es hacer política con el desastre que se está viviendo”, afirmó.
TIERRAS
El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que es pertinente iniciar una investigación sobre las causas que ocasionó el incendio. Además, establecer la lógica de las normas aprobadas por el gobierno y cuál es su relación con la depredación del medioambiente.
El presidenciable por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, advirtió que se implementó una política deliberada de asentamientos humanos en áreas forestales de la Chiquitania, con fines de ocupar esa región y tener el control electoral.
Ante estas aseveraciones, Pary negó que exista un “tráfico de tierras” promovido desde el Gobierno y asegurando que la prioridad ahora es atender la emergencia que se vive en el oriente del territorio nacional.
AYUDA
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrecieron al menos 350.000 dólares para atender los efectos que ocasionaron los incendios en la Chiquitania. La ONU dispondrá 150.000 dólares y el BID 200.000.
El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, indicó que el Perú está enviando dos helicópteros. A la vez, Argentina enviará a los Cascos Blancos, que es la unidad especial para enfrentar ese tipo de desastres naturales, está previsto que en los próximos días estén arribando al país.
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