Exige transparentar información
El candidato a la Presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció ayer que el Gobierno nacional está actuando con negligencia para manejar el desastre en la Chiquitania y exigió que se emita información todos los días sobre la magnitud de la devastación ocasionada por el fuego. Ratificó que normas promulgadas por Evo Morales son los causantes de la pérdida de más de un millón de hectáreas de bosque.
“No se trata de establecer una acción política y decir cuánto estamos haciendo nosotros, sino de preocuparnos por una situación que tiene un culpable muy claro que se llama Evo Morales, con una responsabilidad directa en una legislación que ha permitido una acción sobre una zona de bosque permanente”, dijo en una entrevista con El Deber Radio de Santa Cruz.
El opositor cuestionó la falta de reportes diarios por parte del gobierno sobre la situación del incendio, dijo que deben reportar cuantos focos de calor se sofocan cada día, las reservas naturales que están en riesgo y cómo se está desarrollando el trabajo de los voluntarios.
La Gobernación de Santa Cruz manifestó que existen alrededor de 1.380.000 hectáreas afectadas por el fuego. Sin embargo, esta información fue refutada por el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, advirtió solo se afectaron a 500.000 hectáreas de bosque, el resto eran pastizales que estaban destinados para el chaqueo.
Mesa identificó otras faltas en las que incurrió el gobierno de Evo Morales y por tanto es responsable por este desastre ambiental: el primero es que no atendió de forma oportuna el incendio que se registró en esa región, las normas que promulgaron para la autorización de quema controlada. Además indicó las consecuencias que traerán estas acciones para el país.
Lamentó también que no exista coordinación entre la administración central y la Gobernación y municipios cruceños, advirtiendo la importancia que tiene para esa región la emergencia, debido a que la Chiquitania “tiene un carácter emblemático para Santa Cruz”.
Finalmente, denunció que existen irregularidades en el manejo de la ABT y el INRA, cuyos titulares son interinos y, a su juicio, no tienen la capacidad necesaria para administrar la dotación de tierras y controlar los chaqueos.
“Se debe y se puede establecer una lógica en la que sea posible pensar en el crecimiento de la producción y en la preservación de áreas con un uso específico”, puntualizó.
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