Vandalismo de choferes contra la población

La ciudad de La Paz ha sido víctima del vandalismo de choferes sindicalizados que dicen defender sus derechos al impedir que funcione normalmente el servicio “PumaKatari” que ha inaugurado nuevas líneas con vehículos más pequeños que puedan atender las regiones periféricas o que tengan estrechas calles. La población paceña se ha visto atropellada, apedreada, golpeada, escupida y sometida a todo tipo de desmanes por parte de choferes del transporte público que atiende especialmente a la zona sur de la urbe paceña.

Lo extraño de la situación es que parte de la Policía, cuyos miembros deben intervenir en toda situación que signifique atropello a la colectividad y atentados a los bienes públicos, no defendió a la población con la efectividad ni la prontitud que debía. Todo ha mostrado que posiblemente siguiendo instrucciones superiores, los uniformados han recibido órdenes en sentido de no defender ni ayudar a una población indefensa, compuesta por mujeres, niños y ancianos que, con justo derecho, apoyan al servicio municipal de transporte urbano. La población, indignada, solamente reclamó, pidió que los choferes tengan un mínimo de respeto y no cometan destrozos ni abusen de los presentes; que se atengan a principios de respeto a la seguridad y tranquilidad de la población; que se preocupen por mejorar ellos los servicios que prestan con minibuses, trufis, taxis y otros que, en principio, cuando hubo arreglos anteriores, limpiaron sus vehículos y los choferes se presentaron más o menos limpios.

Pero posteriormente estos servicios han quedado más deficientes y peor que antes, porque los choferes creen y están consentidos de que tienen derechos adquiridos y se sienten apoyados por algunos jefes policiales para extremar recursos con miras a reprimir a la población, recurriendo no solamente a laques, palos y otro tipo de instrumentos contundentes que lastiman y causan heridas; no faltan los casos en que portan armas de fuego y abundan las bombas de gases con miras a dispersar a la población; bombas gasíferas que son arrojadas en los cuerpos y hasta rostros de sus víctimas profiriendo palabrotas y amenazas.

La población, justamente indignada y ofendida, ha protestado y reclamado que el gobierno, a través de los efectivos policiales, castigue a la población y en lugar de defenderla y protegerla de malos tratos, hace alarde de ellos y cuando los problemas se hacen mayores huyen y si tienen que defender es, al parecer, a los integrantes del partido de gobierno, dejando indemne y desvalida a la población. Algunos dirigentes han sostenido en días pasados que “su oposición a los servicios municipales será pacífica”, pero los hechos han mostrado que ha sido exhibición de matonaje, con presencia de ebrios por el alcohol y la cerveza, portadores de armas contundentes y bocas prestas al insulto, a las palabras soeces y a los extremos de golpes contra todos, sin consideración alguna.

Pocos, muy pocos han sido los choferes que llamaron a la serenidad; los más no tuvieron consideración alguna por nadie y la emprendieron con mucha saña contra quienes no sabían a qué refugio acudir ni qué defensa adoptar porque la contundencia de choferes fue categórica, terminante y arbitraria. ¿Esta es la forma de proclamar que “todos somos iguales ante las leyes”? ¿Son iguales policías, choferes maleducados, inclinados al bandidaje y una población consciente e inocente que sufre consecuencias graves por defender sus derechos? ¿Podrá el gobierno poner coto a estas actitudes de vandalismo y matonaje de quienes no saben ni de educación ni derechos de los demás?