Biocombustibles, soya y “maravillas” del modelo económico boliviano

egún el IBCE los principales mercados de Bolivia el 2018 fueron Colombia (48 % de la exportación) y Perú con un 30 %, pero desde el año 2018 estos países conjuntamente Ecuador, prácticamente deberían abrir sus mercados al Mercosur, donde Bolivia tendría que competir con la soya de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También quedarán ante la competencia abierta con el Norte (Sheyla Martinez, Cipca).

En el mercado de Chicago el precio de la soya está en 298 dólares la tonelada métrica, por lo que descontando los costos logísticos, el precio de este producto puesto en Bolivia estaría oscilando en 210 dólares la TM, siendo que los productores bolivianos la ofrecen a un poco menos de 300 dólares. El promedio del precio de la soya en 2018 fue de 347 $US/TM (Cipca), por lo que se nota una disminución.

Es claro que la competitividad de la soya boliviana ha sido amenazada de muerte y, por supuesto, el negocio del biodiesel viene a ser como un programa de salvataje para los productores e industriales del oriente.

Conociendo un poco más la problemática, sabemos que el control efectivo de la cadena de soya en Bolivia es ejercido por 4 empresas transnacionales, y hay dos que están operadas por capitales nacionales. Estas 6 empresas tienen bajo control el 95% de la exportación de la soya boliviana.

Según McKay (2018) y la Fundación Tierra, el oligopolio de la soya implica una evidente desigualdad en el acceso y distribución de la tierra productiva, y es por eso que el 78 % de los productores controla apenas el 9 % de esta superficie cultivable, y sólo el 2 % controla el 70 % de la tierra. Es también preocupante que entre el 80 y 95 % de los pequeños productores no tengan acceso a maquinaria ni a insumos y, por supuesto, tampoco a créditos, por lo que se ven obligados a alquilar sus tierras. Con lo que también concluye que los productores pequeños y medianos tienen costos muy elevados por hectárea de soya y una baja productividad que, en el momento, les hace enfrentar pérdidas.

En ese ámbito, el Cedla con un estudio para el 2017 concluye que se ha profundizado la desigualdad de acceso a tierra, pues las unidades productivas capitalistas tienen el 83,6 % hectáreas en promedio, en tanto que las unidades productivas campesinas sólo tienen 10 hectáreas, en promedio, y el 25 % produce con superficies menores a 1 hectárea. En 2013, el aporte de los campesinos a la producción de alimentos sólo fue del 10 %. Precisa además, que campesinos y colonos son el 25 % de los trabajadores (1.3 millones) y el 86 % es pobre multidimensional. Este hecho se enfrenta además a la competencia de alimentos importados a bajo precio.

Por las razones expuestas, estamos en condiciones de afirmar que el negocio propuesto a la industria soyera respecto al biodiesel no obedece a un criterio de desarrollo ni de crecimiento de la producción, y menos de distribución de los recursos, sino más bien a intereses políticos para la reproducción del oligopolio. En otras palabras, es una medida en pro de los terratenientes y las transnacionales.

Continuando con otra arista de esta interesante problemática, sabemos que ya se estableció en la Ley 821 que la importación de vehículos deberá cumplir con las normas Euro o equivalentes, las mismas que serán aplicadas una vez que los combustibles producidos o importados cumplan con la calidad exigida, y eso significa 5 años a partir del 16 de agosto de 2016. En ese año se deberá cumplir con la norma Euro IV, que implica contar con una gasolina de 97 octanos.

Resulta que desde hace más o menos dos años ingresa a los mercados gasolina mejorada, una de las primeras fue la RON 91, que permitía cumplir la norma Euro II, pero cuya consecuencia fue que sólo se permitiera el ingreso de vehículos modelo 2018 o 2019, para el anterior año. Posteriormente, se puso en venta la súper especial RON 91 a 4.4 Bs el litro.

En enero de 2019 el gobierno firmó con Aguaí, Guabirá, La Bélgica y Unagro para la provisión anual de 150 millones de litros de alcohol anhidro. Este es el insumo que se requiere para la obtención de la súper etanol 92, con un 88% de fuente fósil y un restante 12 % de esta fuente vegetal, comercializada a 4.5 Bs el litro. (Continúa).