INRA dotó terrenos a veintiséis comunidades de colonizadores

Durante los primeros cuatro meses de la presente gestión, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) autorizó el asentamiento de 26 comunidades de colonizadores en el departamento de Santa Cruz y en la Chiquitania, región que fue devastada los últimos 20 días por voraces incendios. Los opositores exigirán que se realice una auditoría a la dotación de tierras y apuntan interpelar al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico para que explique estas irregularidades.

Los documentos fueron emitidos por la Dirección General de Administración de Tierras del Inra revelan que los asentamientos fueron en ocho municipios de esa región. La mayor parte de ellos se encuentran en los municipios de Roboré, San José de Chiquitos, Concepción y Charagua, donde se registraron la mayor parte de los focos de calor.

De las 26 comunidades que fueron autorizadas para el asentamiento en esos municipios se beneficiaron un total de 753, 59 de ellas se encuentran en la Comunidad Campesina “Las Lomas” que obtuvo terrenos en la región de Concepción.

DISTRIBUCIÓN

En el municipio de Carmen Rivero Torrez, se desprendió de Puerto Suárez y forma parte del Pantanal boliviano. En esta región se autorizó el asentamiento de la Comunidad Campesina Agropecuaria 2 de Agosto con una extensión de 1.150 hectáreas, Comunidad Campesina Agropecuario “Norte Integrado”, 2.108 hectáreas; Comunidad Campesina 14 de Septiembre de 1.313 hectáreas.

En el municipio de Puerto Suárez se asentaron las comunidades Villa Sanjinés con una extensión de 1.750 hectáreas, Comunidad Campesina Agropecuaria “Rey del Mundo”, 1.700 hectáreas; Comunidad Campesina Villa Margarita de 1.350 hectáreas. En Charagua están comunidad campesina agropecuaria Hugo Chávez Jenecherú, 1.850 hectáreas; comunidad Agrícola Ganadera “La Perla”, 1.800; comunidad campesina agropecuaria Avaroa, 1.500 hectáreas.

En el municipio de Concepción están siete sociedades: Comunidad Campesina Originaria “La Gota”, 1.200 hectáreas; Comunidad Nuevo Paraíso Embocada II, 600 hectáreas; Comunidad Campesina “Villa Los Tajibos 2”, 578 hectáreas; Comunidad Campesina “Las Lomas”, 2.950 hectáreas; Comunidad Campesina “La Cachuela”, 1.600 hectáreas; Comunidad Campesina “Los Ciervos”, 2.250 hectáreas; Comunidad Campesina Agraria “Los Chacos”, 1.627.

En Santa Rosa del Sara se autorizó el asentamiento de la Comunidad Campesina “La Primavera”, 516 hectáreas, en el municipio de Pailón esta la Comunidad Campesina 25 de junio con 92 hectáreas. En Roboré están la Comunidad Campesina Agroforestal “Aguas Claras”, 1.300 hectáreas; Comunidad Túpac Amaru, 1.700 hectáreas.

En San José de Chiquitos están seis sociedades: Comunidad Campesina Agropecuaria 1 de Septiembre, 1.050; Comunidad Campesina Agropecuaria “Juan Pablo II”, 1.050 hectáreas; Comunidad Campesina Ita-Pochi, 1.682 hectáreas; Comunidad Campesina Agropecuaria “Renacer”, 600 hectáreas; Comunidad Campesina Agroforestal “Chiquitano”, 1.050 hectáreas y la Comunidad Campesina Agropecuaria “Villa San José” con 1.000 hectáreas.

NO HAY AUTORIZACIONES

El director nacional del INRA, Roberto Polo, dijo que esa instancia no autoriza el asentamiento humano desde el 2018, en la presente gestión no emitieron ninguna resolución en la región de la Chiquitania, admitió que recibieron solicitudes de varias comunidades pero no se dieron curso. Más bien advirtió que el tema está siendo politizando por ciertos grupos con el fin de desinformar a la población.

“El Inra desde el 2018 no ha hecho asentamientos en la región de la Chiquitania, también nosotros hemos podido corroborar que en el lugar donde se registró el incendio no ha afectado a comunidades que han sido asentadas hasta el 2018, sino que son propiedades particulares y áreas fiscales no disponibles”, señaló la autoridad.

Al respecto la diputada de Unidad Demócrata (UD), Eliane Capobianco, solicitó una Petición de Informe Escrito a esa instancia para que explique sobre el asentamiento de las comunidades en el departamento de Santa Cruz. Además cuestionó al Inra porque hasta la fecha no respondió a una solicitud de información que hizo en abril pasado.

DENUNCIA

Por otra parte, el presidente del Comité Cívico De Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció que el director departamental del Inra, Sergio Abraham Imana Canedo, fue designado en ese cargo a pesar de que tiene una imputación en su contra por los delitos de tráfico de tierras e incumplimiento de deberes.

“Desde el 19 de enero del presente año, antes de la designación como director departamental del Inra, Sergio Abraham Imana Canedo fue imputado por el delito de tráfico de tierras, incumplimiento de deberes y otros por la fiscal Carla Barrón Hidalgo. Nosotros pedimos al juez Martín Camacho que va a resolver este caso, porque el señor ha planteado una excepción para anular su imputación”, señaló el cívico.

A la vez apuntó que esta Imana es uno de los posibles responsables de la dotación de tierras a sectores sociales afines al partido oficialista en la Chiquitanía, exigen a las autoridades competentes deben alejarlo del cargo y realizar una auditoría a las acciones que realizó dentro de esa institución.

PAUSA ECOLÓGICA

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que la Asambleas Legislativa está abierta a elaborar una normativa, con el fin de que se cumpla la pausa ecológica que determinó el presidente Evo Morales. Al respecto, la senadora de UD, Jeanine Añez, pidió que en esta ley esté incluida la prohibición de asentamientos.