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Concejal Isaac Fernández

Fiscalía imputa a Revilla y no a Epsas por iguales delitos

> Suspenden audiencia de apelación a la detención domiciliaria de alcalde paceño > Justicia sobreseyó a funcionarios de Epsas y el MMAyA por la crisis del agua en 2016 que afectó a 144 barrios y más de un millón de habitantes en La Paz


EN DICIEMBRE DE 2016 MÁS DE UN MILLÓN DE HABITANTES SUFRIERON RACIONAMIENTO DE AGUA QUE SE PROLONGÓ HASTA 2017.

El concejal de Soberanía y Libertad (Sol.Bo), Isaac Fernández, aseguró que el proceso que se le sigue al alcalde Luis Revilla en los casos Alpacoma I y II es político ya que en 2016 cuando se produjo la crisis de agua, autoridades de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), se defendieron en libertad, pese a que los delitos eran los mismos, incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública.

“Es de conocimiento general que lamentablemente la justicia no actúa en derecho sino más bien en función política. La población ha comprobado que las autoridades de Gobierno, en varios casos, han sido liberados como en el caso del Fondo Indígena o la crisis de agua”, dijo.

Recordó que en meses pasados el Ministerio Público cerró el caso de investigación de la crisis del agua que vivió la zona noroeste de la ciudad de La Paz en 2016, y que las autoridades que estaban implicadas, como la exministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, se fue con un cargo a la embajada de México, pese a que el caso seguía en investigación.

En esa línea, lamentó que la justicia no actúe conforme a derecho ya que la imputación del alcalde Luis Revilla, quien guarda detención domiciliaria con derecho laboral, por el caso Alpacoma I, es totalmente arbitrario ya que el informe que debería dar pie a si es culpable o no, sigue en ejecución.

“Las denuncias de la Fiscalía no tienen fundamentos, lo primero que debe analizarse para dar con los responsables es una auditoría ambiental, realizada por expertos, y eso sigue en ejecución”, manifestó.

AUDIENCIA

La mañana de ayer debería realizarse la audiencia en la que se debía resolver la apelación que la Fiscalía realizó a la detención domiciliaria con permiso laboral de Revilla por el caso Alpacoma I, pero la autoridad municipal no acudió y la cita se reprogramó para el 6 de septiembre.

El Ministerio Público pide que se anule el permiso laboral para el burgomaestre, considerando que eso puede perjudicar en la investigación de las consecuencias del deslizamiento de una de las celdas del relleno sanitario.

Revilla fue imputado por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes, por el desprendimiento de una celda del depósito de basura, registrado en enero de este año.

CRISIS DEL AGUA

En junio de 2019, la Fiscalía emitió resolución de sobreseimiento y cierre de la investigación sobre la escasez de agua, donde estaban implicados servidores públicos de Epsas, el MMAyA y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento (AAPS).

En noviembre de 2016 se registró la mayor crisis del agua de las últimas décadas en la ciudad de La Paz, motivo por el cual tuvo que racionarse la distribución de este elemento vital en 144 barrios paceños, afectando a más de un millón de habitantes.

Por este caso, fueron imputados por presunto incumplimiento de deberes y atentados contra la seguridad la exministra Alexandra Moreira; el exdirector de la AAPS, Benecio Quispe; y los exinterventores de Epsas, Ruddy Rojas y Hugo Gómez, todos sobreseídos ante la falta de elementos probatorios.

 
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