Investigación de la tragedia

La ostensible crisis social general que predomina en el país ha culminado con el pavoroso incendio de alrededor de un millón de hectáreas (diez mil kilómetros cuadrados) de tierras ocupadas por tribus autóctonas, fauna y flora.

El incendio de la Chiquitania arrasó con bosques, pastizales, dejó sin su hábitat tradicional a poblaciones selváticas, mató miles de animales, esterilizó la tierra y la puso al descubierto del ataque del viento, del calor solar, sin las lluvias que la protegían. Causó daño irreparable al medio ambiente no solo local sino continental y agravó las características del problema climático del planeta.

El problema es de gravedad extraordinaria, pero de lo que ahora se trata es conocer las causas del mismo. Se acusa al gobierno de lenidad en el tratamiento de bosques y aun de ser culpable del incendio y de reaccionar con tardanza por atender la campaña electoral, o sea poner tranca al corral cuando el burro ha muerto. Se le señala también por adoptar medidas tardías, confiado en que se producirían lluvias para apagar los fuegos y no tomar en cuenta, entre otros factores, la sequedad de la temporada.

Esa suma de aspectos pende, como la espada de Damocles, sobre la responsabilidad oficial. Pero el problema no debe quedar ahí, sino debe ser considerado en su origen, características concretas y el futuro de lo ocurrido a nivel nacional, de tal forma que se adopte las medidas preventivas para que no se repitan desgracias de alcances tan significativos. En ese sentido, es imprescindible proceder a una investigación científica y legal de fondo de la tragedia, a fin de encontrar las causas del siniestro y dar con los responsables del mismo. Se podría contar con expertos de otros países, que podrían ser parte de la ayuda internacional que ofrecieron.

Una evaluación integral del caso es de absoluta necesidad, por elemental responsabilidad del gobierno, no para lavarse las manos de su gestión, sino porque tiene la obligación de hacerlo, más aún cuando se encuentra empeñado en hacerse reelegir por cuarta vez al margen de la Constitución y la voluntad del pueblo. El crimen no puede quedar sin una investigación.

Es preciso que esa labor de la más alta jerarquía legal y técnica sobre un lamentable hecho de tan grandes alcances -similar a la que corresponde por la fallida demanda presentada en La Haya sobre la cuestión marítima- se realice con el objetivo central de conocer con exactitud qué fue lo que sucedió.

Ante todo, la investigación no se deberá hacer con el único objetivo de condenar y castigar, sino básicamente para identificar los alcances del desastre, esto con el fin específico de evitar que el fenómeno se produzca y para paliar en algo sus efectos.

Hacer una investigación solo para castigar a algunas personas, sería proceder en forma pragmática, que conduciría a bajos resultados, como ocurre con frecuencia. El trabajo deberá limitarse al caso en sí mismo y no abocarse a aspectos casuales. En todo caso, si la investigación encuentra hechos adicionales, podrán ser objeto de juicio de responsabilidad.