Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y persecución política

Hace poco, los candidatos presidenciales Oscar Ortiz y Carlos Mesa -en el momento de solidarizarse por la persecución político judicial contra Luis Revilla- recordaron que en el país no existe justicia plena, y el Órgano Judicial no actúa de manera independiente al Ejecutivo.

Pero el hecho anterior no es un caso aislado. La Ley 004 - mal llamada Marcelo Quiroga Santa Cruz- acabó por desnudar un conjunto de arbitrariedades del régimen de Evo Morales Ayma, al introducir nuevamente el vetusto y poco democrático sistema penal inquisitivo, por oposición al sistema penal acusatorio que entró en vigor con la promulgación de la Ley 1.970 (Nuevo Código de Procedimiento Penal). A partir de la entrada en vigencia de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, muchos opositores al Gobierno boliviano fueron enjuiciados y hasta condenados en rebeldía o in absentia -inclusive teniendo el estatus de refugiados en terceros países, según la Convención de Ginebra y con el reconocimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados- hecho que constituye un grave precedente de conculcación de normas jurídicas supranacionales en materia de derechos humanos, y el importantísimo avance legislativo hacia un proceso penal de corte democrático, republicano y garantista.

Quienes como abogados nos formamos en Casas Superiores de Estudios en la década de 1990, fuimos testigos de cómo el país se fortalecía con un sistema penal que otorgaba amplias garantías constitucionales, y un modelo en el que finalmente la preponderancia del debido proceso y el respeto integral de la dignidad humana, eran pilares de la nueva administración de justicia. Efectivamente, el combate contra la corrupción de ninguna manera puede contradecir principios, valores, y tratados internacionales en materia de derechos humanos, ni el avance legislativo notoriamente importante de la región latinoamericana.

Los juicios penales en rebeldía o in absentia, y el sistema penal inquisitivo, son la excepción en el mundo contemporáneo, y algo altamente criticado por la doctrina científica, como es la aplicación de la pena capital, la pena de cárcel por multas pecuniarias, etcétera.

En suma, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz representa un enorme retroceso en la democracia e institucionalidad boliviana, y se ha convertido en un arma de persecución político judicial, que es preciso enmendar para bien de las futuras generaciones.

El autor es abogado.