Educación democrática

Los griegos concedieron mucha importancia a la ley en su vida colectiva, en la época de la democracia (Siglo V a. C.) ya existía el derecho de libre expresión para participar en la discusión de los asuntos comunes de la polis.

Las leyes dividían a los hombres en distintas categorías, eran leyes que privilegiaban a los hombres libres por sobre las mujeres y los esclavos. Los principios democráticos amparados en esas normas eran válidos (sólo) para un sector minoritario de la población.

Similar situación aconteció con los romanos, al haberse dado la primera codificación de las leyes, la idea de distinguir las cualidades de los hombres mantuvo los privilegios de la vida republicana al alcance de una reducida cantidad de individuos.

Durante la Edad Media, la ley se mantuvo vinculada al ejercicio de la razón, en relación con los principios de justicia para evitar el despotismo y la arbitrariedad del poder. Sin embargo, la discusión giró en torno a su origen. Según el pensamiento cristiano escolástico, toda ley, natural o humana, era una expresión de la voluntad de Dios y, de existir en el mundo algún tipo de orden, éste habría de provenir no de los hombres, sino de Dios.

El derecho a gobernar, entonces, era un “derecho divino”, la fuente de la legitimidad del poder y de las leyes residía en Dios y no en los hombres. La idea de un derecho divino para gobernar suponía la existencia de una sociedad claramente estratificada y jerarquizada, con un pensamiento religioso común guiado por la Iglesia.

La crisis de esta concepción de la ley habría de venir con el Renacimiento, basta recordar que fue Maquiavelo, en su obra El Príncipe, quien criticó la idea de que el soberano último en cuestiones políticas sea Dios. Aunque se interesó poco por las leyes en las relaciones políticas, su descripción de poder como resultado de las virtudes y estrategias (no morales, sino prácticas) de los hombres allanó el camino para pensar que las leyes derivaban de la voluntad de los hombres y no de Dios. Al laicizar (independizar de la tutela eclesiástica una institución que antes dependía de ella) la política, abrió las puertas a la modernidad política.

La modernización de la política devuelve a los hombres lo que en la Edad Media aparecía como patrimonio exclusivo de Dios. Pero esta reposición abrió nuevos problemas; en el caso de las leyes, el dilema era: si la garantía de justicia de las leyes se había esfumado con la renuncia a fundamentarlas en la voluntad divina, ¿cómo podrían definirse leyes justas partiendo únicamente de los hombres?

Cuando los hombres obedecen la voluntad general, en realidad se están obedeciendo a sí mismos, pues en ella se han integrado, condensado y perfeccionado las libertades naturales que en su forma original eran toscas y escasamente desarrolladas.

Por lo descrito, la relación entre derecho y política es vital para comprender los distintos modelos jurídicos y la lógica de sus transformaciones; el respeto a las leyes no es un efecto mecánico, exige una educación democrática responsable y consistente, que conduzca a los ciudadanos a asumir las leyes como algo propio.

Pero como en este caso, los medios y los fines no pueden ser distintos, la educación democrática no puede ser autoritaria o vertical. Los valores democráticos y la legalidad de manera destacada, no pueden ser impuestos mediante mecanismos que los nieguen.

La relación entre derecho y política se hace tan estrecha, que el derecho es considerado como el principal instrumento mediante el cual las fuerzas políticas que detentan el poder dominante en una determinada sociedad ejercen su influencia.

Una sociedad democrática requiere, para su adecuado funcionamiento, la existencia de una cultura política de la legalidad, esto implica confianza ciudadana, que las decisiones provenientes de los poderes públicos estén ajustadas a principios de imparcialidad y orientadas a la defensa de los derechos fundamentales.

El autor es Politólogo – Abogado, docente Unifranz.

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