Chiquitania... cómo dueles

Con profuso dolor y tristeza, debo reconocer lo abrupto que resultó escribir estas líneas, no solo por la complejidad de la problemática ambiental y la coyuntura política electoral que vive el país, sino principalmente por los efectos y consecuencias del mayor desastre medioambiental que sufre la región de la Chiquitania, cuyos daños ocasionados al ecosistema y la biodiversidad en su conjunto son, definitivamente, irreversibles e inconmensurables, más allá de su capacidad de regeneración.

Sin duda, a más de uno le causó aflicción, desazón e indignación, la devastación de bosques y pastizales por los focos de calor incontrolables en la Chiquitania y el oriente del país, iniciados el 1 de agosto, logrando afectar más de 2,1 millones de hectáreas que forman parte de la Amazonia sudamericana, considerada uno de los pulmones ecológicos más importantes del planeta.

Es necesario explicar que la deforestación impulsada por intereses económicos extractivistas, que exigen la ampliación y expansión de las fronteras agrícolas, responde a una alianza inmoral y vergonzosa entre el gobierno central y los agroindustriales del oriente para la producción de biocombustibles y, en especial, favorece a los ganadores exportadores de carne bovina hacia los mercados de China.

No otra cosa se puede deducir de la promulgación del Decreto Supremo 3.973 de 9 de julio, que autoriza el desmonte y quema de bosques para habilitar nuevas tierras destinadas al agro en los departamentos de Santa Cruz y el Beni. Dicho decreto modificó el artículo 5 del DS 26.075 de 2001, sobre tierras de producción forestal permanente y que dio luz verde al desmonte a través de quemas controladas -chaqueos- en tierras privadas y comunitarias que se enmarquen al manejo integral y sustentable de bosques y tierras en el oriente boliviano.

Lamentablemente, la ambición desmedida por ampliar tierras agrarias para la producción de soya, que constituye el modelo del agronegocio del oriente, la extensión de cultivos de coca, la ganadería, los biocombustibles como el etanol y el biodiesel que requieren miles de hectáreas de caña de azúcar y soya, los asentamientos y dotaciones ilegales para beneficiar a correligionarios del partido gobernante en tierras y áreas forestales; constituyen los factores que alentaron la deforestación y la destrucción criminal de bosques y pastizales.

Tales políticas transgreden flagrantemente el mandato constitucional de proteger y preservar la sostenibilidad medioambiental, así como las áreas protegidas, considerados espacios físicos destinados a la conservación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, para garantizar el equilibrio del ecosistema y la biodiversidad.

Al parecer, lo sucedido en la Chiquitanía boliviana definitivamente no es un accidente, sino más bien una acción intencionada, premeditada e impulsada por los DS 2.366 y 3.973, así como la Ley 741 que amplía el desmonte de 5 a 20 hectáreas; la Ley 1.098 que promueve el uso de aditivos de origen vegetal; la Ley 1.171 que autoriza el uso y manejo racional de quemas y la Ley del etanol, que no solo han vulnerado el régimen de protección y preservación de recursos naturales, sino que se han convertido en auténticos “certificados de defunción” del ecosistema, flora, fauna y biodiversidad de Bolivia.

Lo cierto es que el discurso pachamamista y defensor de la madre tierra del pseudoindígena Evo Morales es hipócrita y mentiroso, pues su accionar político demuestra su vocación depredadora del medio ambiente, convirtiéndose en el promotor e impulsor del mayor ecocidio irreversible registrado en la historia del país, pues lleva su sello indeleble y que, tarde o temprano, deberá afrontar un juicio de responsabilidades. Irónicamente, 5 años atrás, Álvaro García desafiaba a los agroindustriales a ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año, cifra que, al presente, se ha duplicado en 2,1 millones, pero de bosques y tierras devastadas por el fuego.

El autor es MGR. Docente e investigador UMSS – Cbba.