CAO: Inseguridad jurídica del Gobierno afectó a Chiquitania

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) atribuyó el problema emergente de los incendios de la Chiquitania y el Pantanal boliviano, el cual consumió 1 millón 700 mil hectáreas, a la inseguridad jurídica de parte de las instituciones del Estado que provocó la redistribución de tierras fiscales y el avasallamiento de predios por parte de colonizadores del occidente.

Ante esta situación, el presidente de la CAO, Reinaldo Díaz, pide que se reactive Comisión Agraria Departamental (CAD) para que por intermedio de esta no se permitan más incendios a causa de la dotación ilegal de tierras y en ese sentido las autoridades competentes deben identificar a los culpables de los incendios y estos deben ser sancionados conforme a ley.

“La CAD como el órgano interinstitucional llamado por ley, que no funciona desde hace 10 años, para participar en las políticas públicas de las dotaciones de tierras planificadas, ahora que impulsen el desarrollo productivo cruceño, además de otras atribuciones consultivas”, señaló.

Dentro del análisis que hizo contra la inseguridad jurídica, se encuentra la modificación a las normativas vigentes que afectan al sector, para lo cual la institución planteó la derogación del art.3, en sus numerales 1 y 2 de la cuestionada Ley 741 de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas con trámites muy simples.

Además proponen la incorporación de nuevas tecnologías en el agro con el fin de incrementar los rendimientos, sin necesidad de ampliar la frontera agrícola, y a la vez disminuir las prácticas poco amigables con el medio ambiente, como el uso de fuego para el chaqueo, precisó.

La Función Económica Social (FES) debería reconocer las actividades complementarias en el campo, pero ahora se coarta al productor a ejercer la práctica de ganadería, agricultura y manejo forestal en un mismo predio, sino que tiene que ser solo una de estas tres, siendo el hermano departamento de Beni el más perjudicado por esta normativa, el cual solo tiene vocación pecuaria impuesto por ley.

Entre los planteamientos que está ejecutando la CAO destacó la conformación de un comité de reacción inmediata y alerta temprana contra los desastres naturales, por medio del cual ya se ha conformado un comité con 11 instituciones.

Actualmente, la CAO representa a más de 100.000 afiliados con todos sus subsectores de los cuales el 70 % está compuesto por pequeños productores el 26 % por medianos y solo el 4 % por grandes.

NO QUEREMOS SER CIUDADANOS DE SEGUNDA

Por su parte, el vicepresidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, en su exposición sobre las trabas de las instituciones del Estado para el desarrollo de las actividades agropecuarias, calificó a las leyes vigentes que separa a los bolivianos entre “ciudadanos privilegiados que son comunidades y los ciudadanos sin privilegios que se refieren a los productores individuales”.