Tribunal Agroambiental debe atender demandas

Analistas del ámbito municipal consideran que el Tribunal Agroambiental debe atender demandas contra el Gobierno central por afectados del incendio en municipios y comunidades de Santa Cruz, ya que no se activaron normas como la ampliación de frontera agrícola, control de quemas y otros.

“Los municipios deberían elevar su queja ante el Tribunal Agroambiental y la Federación de Asociación de Municipios, que lastimosamente parece haber sido capturada por el Gobierno central, deberían defender los intereses de los municipios, pero este hecho trae un tema de fondo. El desmonte y la quema plantean una vez más la vieja discusión, ¿cuál debe ser la política para dotar tierras en Bolivia?”, dijo Vladimir Ameller, especialista en temas municipales.

Apuntó que toda normativa, en los últimos años, ha generado un proceso de desmonte y de ampliación de la frontera agrícola en el oriente boliviano de forma precipitada, no se planificó bajo ningún criterio y condición de resguardo y capacidad de las instituciones para controlar y verificar las prácticas que utilizan en el desmonte, siendo que algunas causan daños a la vegetación o deforestación.

El analista Iván Arias manifestó que el Gobierno debe ser enjuiciado de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en cuyo artículo 124 señala que: “Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que viole el régimen constitucional de recursos naturales”.

ROL DEL TRIBUNAL

AGROAMBIENTAL

El constitucionalista Willams Bascopé dijo que el Tribunal Agroambiental lo que hace es dilucidar situaciones contenciosas de carácter judicial agrario, es decir no actúa de oficio, si no hay una demanda, denuncia o solicitud de nulidad de las resoluciones que adjudican tierras en espacios forestales de tierras fiscales.

“Quien tiene que actuar en materia penal es el Ministerio Público, pero se puede demandar de que hubo un desastre ambiental ante el Tribunal Agroambiental, porque lo que deben demandar a quien dotó tierras sin una planificación del uso de suelos, porque eso estaba para dos actividades: Pastoreo y forestación”, manifestó Bascopé.

ESTABLECER

RESPONSABILIDADES

Según el director del Servicio Departamental de Autonomías, Fabián Yacsic, le corresponde al Tribunal Agroambiental establecer responsabilidades del desastre de “ribete internacional”, porque se vio que las instancias no están cumpliendo su trabajo.

“El gabinete ambiental es irregular, porque no convocó al Conarade (Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias) donde se debe cumplir un protocolo estatal para que los centros operativos de emergencias en los departamentos (COE) se activen, pero el Gobierno optó por improvisar”, señaló Yacsic.