Hipocresías vergonzosas

En el cotidiano trabajo del cientista social, es habitual recurrir a ejercicios metodológicos que implican “mirar tras las fachadas”, con la intencionalidad de dar cuenta de aquellos verdaderos móviles subyacentes que no se puede percibir a primera vista, pero que le dan sentido a una acción externa objetivada. Probablemente, ello podría ser útil para dar cuenta de ciertas conductas que, definitivamente, no dejan de llamar la atención de propios y extraños y, en cierta forma, rayan en la más absoluta hipocresía al pretender seguir ostentando imaginarios fatuos de protectores y defensores de la madre tierra.

Siete de los nueve países que comparten la Amazonia, se reunieron el pasado viernes 6 de septiembre en Colombia. A la reunión asistieron mandatarios y representantes de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Surinam y Guyana para suscribir el “Pacto de Leticia” por la preservación integral de la Amazonia; la necesidad de coordinar acciones para preservar los recursos naturales de la zona más biodiversa del mundo, la creación de una hoja de ruta con medidas concretas para la valoración de los bosques y el ecosistema, la deforestación y la degradación forestal apremiada por los focos de incendios a gran escala y las actividades ilegales.

Irónicamente, quienes firmaron el Pacto de Leticia, por acción u omisión, son también responsables del mayor desastre medioambiental de la Amazonia, promovida por las políticas extractivistas de un consumismo irracional, cuyo fin es la acumulación de riqueza a costa de la destrucción y degradación forestal, ampliamente favorecidas por la flexibilización facinerosa, inmoral e irresponsable de la normativa jurídica.

Tales condiciones aceleraron la expansión de fronteras de producción agrícola y ganadera, mediante la quema descontrolada de áreas protegidas, bosques y pastizales, como en el caso boliviano y la explotación minera en reservas indígenas y áreas protegidas en el Brasil, que posee el 60% de la superficie total de 7,8 millones de kilómetros cuadrados de la cuenca amazónica. El resto se extiende por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como la Guyana Francesa.

De acuerdo con los satélites del Instituto de Observaciones Espaciales (INPE) de Brasil, desde enero hasta el 5 de septiembre del presente año, se contabilizó la presencia de 96.596 focos de incendios, de los cuales el 51,4% están en la selva amazónica.

Bolivia también contribuyó a esta devastación, destruyendo 1,7 millones de hectáreas de bosque seco de la Chiquitania y en lo que va del año, a nivel nacional ya se alcanzó los 2,4 millones de hectáreas afectadas por el modelo económico extractivista de recursos naturales, la explotación hidrocarburífera y aurífera de forma ilegal en áreas protegidas y territorios indígenas, con la consecuente contaminación de ríos y acuíferos; la instauración de proyectos hidroeléctricos, así como la expansión de límites agrícolas para la ganadería y la producción de biocombustibles.

Lo cierto es que el pacto de Leticia no deja de ser una declaración de buenas intenciones entre países que comparten la Amazonia, el bosque tropical más grande del mundo y que hoy se encuentra herida de muerte. Sin embargo, son ampliamente reprochables las posturas puritanas e hipócritas de los presidentes de Brasil y Bolivia, que pretenden mejorar su alicaída imagen internacional y, como siempre, procuran sacar rédito político de la mayor desgracia ambiental y la irreversible pérdida de miles de especies de fauna y flora por el fuego incontrolable; denotando su absoluta indolencia, insensibilidad, negligencia e incumplimiento de obligaciones y deberes de protección y preservación de uno de los más preciados bienes comunes de la humanidad, cual es el Amazonas.

El autor es MGR. Docente e investigador

UMSS – Cbba.