¿Y si se promulgaba una ley contra la mentira?

Claro que desde la concepción de la idea, que no obedece a otro motivo que no sea la patológica demagogia gubernamental, creer en que se iba a sancionar a todos los mentirosos, no es solo una mentira, sino una estupidez. Creer en sanciones imparciales en un país donde mentir en el ámbito político es ritualismo, mucho más ahora que las pasiones, mejor dicho las ambiciones por retener el poder a cualquier precio y, en uno que otro caso, por acceder a él, han hecho de faltar a la verdad un ejercicio ante el que ninguna beatitud ya se escandaliza, es una quimera.

Lo cierto es que no sabemos si en alguna legislación esté contemplada una Ley contra la mentira; pero si a la impericia que predomina en nuestros jueces y a la venalidad con que ejercen su oficio muchos de ellos, cuando bajo su autoridad está cualquier persona que desavenga los criterios del actual oficialismo, se le suma la mitomanía de las más altas autoridades del Estado, entonces llegamos a la conclusión de que un buen número de la población estaría enfrentando sentencias condenatorias por ese delito.

Y es que hay que dejar en claro, empero, que nadie se libra de la mentira, incluso los más fieles creyentes mienten, pero a diferencia de lo que ellos piensan, existen mentiras que son más disculpables en unas personas que en otras, y aún más tolerables en ciertas circunstancias, que en otras que no podrían ser admitidas. No es lo mismo decirle al enfermo terminal cuando su vida se apaga, pero su ánimo no se resigna, que pronto sanará, que decirle a todo un pueblo que se respetará la Constitución, pero se la desconoce en su texto y en su espíritu, porque en el primer caso, se obedece a un instinto humanitario y no se lesiona ni la ley ni la moral ni la dignidad de nadie; en el otro, se atenta contra el orden público y la voluntad del pueblo. La misericordia de Dios, en un caso, absuelve, porque Él conoce los sentimientos del corazón; en el segundo caso, la víctima es todo un país, que no perdona ni olvida.

Entonces, callar ciertas verdades, que es el artificio más cómodo de quienes tienen convicción de que es la forma más apropiada de no faltar el octavo Mandamiento, es también una forma de mentir. En cambio, de los políticos no se espera que siempre digan la verdad o que cumplan sus promesas, pero mintiendo tan impúdicamente como nuestras más altas autoridades lo hacen en los últimos años, éstas deben quedar agradecidas de que en su momento los líderes de opinión y gremios de referencia nacional hayan echado el grito al cielo ante la probabilidad de tamaña ridiculez que importa tener una ley contra la mentira, porque de haber ello prosperado, como tantas otras normas inconsultas, varios de ellos tendrían que estar pagando sus faltas, no en el purgatorio, que al fin de cuentas conduce al cielo, sino en nuestras cárceles que son un infierno.

No parece que a los iluminados que tuvieron la idea de proyectar una Ley contra la mentira, los hayan asesorado profesionales de aceptable idoneidad; pues tendrían que haberles dicho que su propensión a decir falsedades, habría determinado que la infeliz norma deba estrenársela precisamente con sus promotores. Eso en el campo de su aplicación; pero en el campo de lo rigurosamente jurídico, el Código Penal vigente ya contempla penas para la calumnia, difamación y falso testimonio, lo que nos lleva a la conclusión, no descubierta sino confirmada, de la improvisación con que en el país se dicta leyes que, o no se las cumple, o son inaplicables en su redacción.

Decir que se posee títulos profesionales sin haberlos obtenido, también se encuadra en la categoría de mentiras punibles ante la ley; porque de éstas pueden derivar otros tipos penales, como el uso de instrumento falsificado y el ejercicio ilegal de la profesión, en tanto en ellas hay una intención implícita de obtener ganancias ilícitas, engañar a la sociedad y a la fe del Estado; y mejor ya no hablamos de las faltas éticas y morales, cuya concurrencia tampoco queda exenta.

El autor es jurista y escritor.