Clemente Silva Ruiz
Los alojamientos clandestinos son parte de una de las actividades económicas con la que se busca rentabilidad, protegiendo delitos cometidos por sus huéspedes momentáneos, entre los cuales se identifica a menores de edad.
En los últimos dos años estas actividades económicas han dado paso al comercio sexual de menores de edad, donde se incrustaba una red de proxenetas, en la que operaba una adolescente de nacionalidad peruana, denominada la “Perucha”.
En más de 30 operativos entre la ciudad de La Paz y El Alto se encontró dentro de alojamientos a menores de edad sometidas al delito del comercio sexual, lo que en materia legal se convierte en violación, siendo los proxenetas responsables de ello.
En varias oportunidades medios de comunicación mostraron cómo son sacados adolescentes de ambos sexos de alojamientos clandestinos, quienes consumían bebidas alcohólicas o alguna droga.
Mientras, los padres de familia viven preocupados por la desaparición de jóvenes, sobre todo señoritas que deciden no retornar a sus hogares. Los padres hacen denuncias sobre personas desaparecidas, en las instancias correspondientes, y pasan horas, días y hasta semanas buscándolas, en calles, terminales, plazas y hasta en carreteras, donde colocan volantes con imágenes de los “desaparecidos”, rogando que no fueran víctimas de algún delito.
En algunos casos, los familiares buscan a sus hijos e hijas en las redes sociales, para obtener alguna respuesta, alguna señal de donde se encuentren, pero de seguro jamás los padres de familia llegarán a pensar que estos muchachos y sobre todo señoritas menores de edad, han elegido ponerse en mayor riesgo, buscando experiencias propias con el consumo de bebidas alcohólicas y exponerse a ser víctimas de una serie de delitos, muchos de ellos cometidos dentro de estos alojamientos.
Las adolescentes, sobre todo de unidades educativas, llegan a ser convencidas para consumir bebidas alcohólicas, en el interior de estos alojamientos, pero con el riesgo de ser dopadas y ser presa fácil de hechos de violación. Debido a su desaparición de sus hogares por días, corren el riesgo de ser víctimas de explotación sexual callejera, bajo la presión de sus acompañantes, quienes requieren dinero para seguir consumiendo bebidas alcohólicas o alguna droga.
Todos estos delitos son cometidos dentro de alojamientos clandestinos que, al igual que los bares y cantinas, enfrentan su clausura, pero a los pocos días continúan su actividad, permitiendo el ingreso de jóvenes y señoritas, sin restricción y menos cuentan con cámaras de seguridad.
Al parecer el control realizado a bares y cantinas que antes permitían el ingreso de menores de edad para ingerir bebidas alcohólicas, dio adecuados resultados, pero ahora la mirada fiscalizadora debe dirigirse a los alojamientos clandestinos, donde incluso se cobija no solo a delincuentes, sino a personas indocumentadas de otros países, que llegan con la finalidad de delinquir y generar grave daño al patrimonio y la moral de las familias bolivianas.
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