Denuncian retardación de justicia en caso Porvenir

Hoy se cumplen 11 años de los hechos de la denominada “Masacre de Pando”, acaecida en la población del Porvenir, que dejó el saldo de nueve campesinos y dos cívicos muertos, varias personas heridas y autoridades obligadas a dejar su cargo. A la fecha no existe sentencia ejecutoriada.

Mary Carrasco, abogada de las víctimas y el doctor Karlo Brito, defensa del exprefecto Leopoldo Fernández, manifestaron, por separado, que la gestión pasada enviaron un recurso de casación al Tribunal Supremo de Justicia, el mismo que a la fecha no tiene respuesta.

Mary Carrasco, abogada de las víctimas y el doctor Karlo Brito, defensa del exprefecto Leopoldo Fernández, manifestaron, por separado, que la gestión pasada enviaron un recurso de casación al Tribunal Supremo de Justicia, mismo que a la fecha no tiene respuesta.

“El día 2 de octubre de 2018, se ha remitido a Sucre un recurso de casación y hasta hoy ni siquiera se ha emitido el auto de admisión y el sorteo de Ministro Relator, lo que quiere decir que la retardación de justicia es un rasgo evidente”, aseguró Carrasco.

En marzo de 2017, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz condenó a Leopoldo Fernández a 15 años de cárcel por los delitos de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. En esa oportunidad, el tribunal ordenó que no se computen los años de detención domiciliaria del sentenciado, empero en agosto de 2018, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que a su pena se sumen los años que cumplió con detención domiciliaria, hecho que la defensa de las víctimas objetó.

PRÓFUGOS

Carrasco aseguró que así como sentenciados, existen prófugos en el caso. “Hay prófugos que a la fecha el Ministerio Público no hace efectiva los mandamientos. Se supone que los mandamientos se encuentran en todas las instancias policiales y la Fiscalía, pero éstos últimos no hacen su trabajo”, lamentó.

AQUEL DÍA

En el texto “La Masacre de Pando” del periodista Mario Daza Castellón, señala que la intervención al Porvenir comenzó con meses de anticipación al 11 de septiembre del 2008. “Estuvieron planificando un enfrentamiento y muerte de los dos sectores; los “masistas” del Gobierno y los autonomistas que defendían el IDH”.

En medio de detenidos, confinados y refugiados se conoce, el documento “Marcha hacia el oriente”, consignado en enero del 2008, habría sido firmado por el comandante General del Ejército, general Freddy Mackay. Las Fuerzas Armadas negaron la existencia del supuesto plan militar y dijeron que el documento era falso.

Para el Gobierno, las denuncias del plan simplemente eran un “invento mediático” y una “patraña”, según la versión del vicepresidente Álvaro García Linera. Entretanto, Juan Ramón Quintana se mantuvo en silencio e intentó tapar el tema con una denuncia de una red de corrupción en la Prefectura de Pando.

“El Plan de Juan Quintana, fue aplicado y logró voltear al Prefecto pandino, en medio de un Estado de Sitio, con lo que intimidó a los demás prefectos opositores, al igual que a los comités cívicos, mediante la persecución y cacería de dirigentes y funcionarios prefecturales”, refirió en la capital beniana, Marco Antonio Gutiérrez, representante de Unidad Nacional.

Coincidiendo y casi por las mismas fechas, la red Unitel, hizo conocer también en exclusiva las declaraciones vertidas por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en la que adelantó la caída del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

“Mandaremos a Leopoldo al infierno”, refirió en un acto público, el Ministro de la Presidencia, pronosticando los hechos que mancharon de sangre a Pando. Antes de la realización del Referéndum del documento Estatuto Autonómico, se lo vio a Juan Ramón Quintana ingresar y salir de manera casi permanente a la población de Filadelfia, desde la ciudad de La Paz, donde movió a los campesinos contra el prefecto Leopoldo Fernández.

Los campesinos de Filadelfia sabían de la presencia de helicópteros venezolanos, antes y durante el 1º de junio del 2008, antes del referéndum, donde el alcalde de Filadelfia, Antonio Aguilera fue el hombre clave.

Hasta el 10 de agosto del 2008, Quintana ya tenía establecido su sede de operaciones del Departamento de Pando, buscando votos para el Presidente Evo Morales.

Según esta nota, “el objetivo del plan operativo era debilitar y aplastar a la oposición, derrocar al Prefecto Fernández, nombrar un nuevo prefecto, difundir y explotar los efectos de la operación ante los otros representantes departamentales, Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, para el voto positivo a favor de la nueva Constitución y con ello garantizar la estadía del partido de gobierno por muchos años, por eso, era necesario descabezar a los prefectos de las regiones. (Texto: La Masacre de Pando).