¿Misterio sobre el robo de mineral?

El robo de minerales a manos de los “jukus” en la mina Huanuni es habitual y recurrente. Es objeto de gran publicidad y, en la misma medida, de impunidad. Mediante “contrato” entre el sindicato minero y la Policía, 600 efectivos de ésta vigilarán los accesos a la mina. Con la misma pompa hace unos tres meses, en ocasión de revelarse otro robo, fueron tomadas medidas parecidas. Se trataba de varios círculos de control policial y militar alrededor de la mina para impedir el ingreso de los jukus. Una leyenda más, que máximo después de dos o tres días dejó de cumplirse.

El Gobierno y sus dependencias, incluidas la Policía, las Fuerzas Armadas, etc., dicen asumir previsiones de parecida naturaleza en todo campo, pero sin la mínima intención de ejecutarlas. A la vista esta estrategia tiene más de propaganda y de proyectar un espejismo, pretendiendo engatusar a la población. Están convencidos que el impacto de sus anuncios será suficiente sedante. Es un ejercicio en práctica desde las más altas esferas del Gobierno.

El dirigente de los trabajadores de Huanuni, David Choque, en tono oficial, responsabilizó a la Gerencia de la mina y a la Policía de la inseguridad de la misma y de la repetición del jukeo. A propósito, hay rumores fundados, al parecer, sobre que en este jugoso negocio (robo de mineral) participan “todos” en clara complicidad: trabajadores, dirigentes, policías, etc. Sin embargo, Choque sindicó concretamente a los policías. Faltaría saber en qué niveles y grados.

El mismo dirigente hizo conocer que un nuevo contrato con la Policía establece la custodia de 600 efectivos para custodiar Cataricuaga, acceso al codiciado cerro Posokoni, donde se habría registrado el cuantioso robo. Este delito da un rédito mensual de 1,5 millones de dólares al mes, monto que habla por sí mismo de la cantidad de toneladas de mineral que pasan a manos de los delincuentes y, al mismo tiempo, que semejante acarreo no sería posible sin una enorme complicidad. Se cuenta que esta vez 20 jukus detenidos habrían sido entregados a la Policía.

Ya que los asaltantes no exportan el mineral, éste es vendido a rescatistas, sin que ninguna autoridad se entere de quién o quiénes lo compran y menos los sancionen. Es, pues, una red compleja e inconfesable. Asimismo, todo el estaño extraído en el país pasa por la fundidora de Vinto para tratarlo y exportarlo. Por consiguiente, es fácil identificar la trama negociadora. Otro tanto ocurriría con el oro traído del Perú para el mismo fin. Al margen de averiguar su procedencia legal o ilícita, más probablemente. Estos extremos corren y valen en el país como moneda de curso diario y donde todo es posible.