Gobierno y el MAS buscan distraer atención con conflictos

La generación de violencia de parte de grupos afines al oficialismo que protagonizaron disturbios y violencia con jóvenes en la ciudad de Santa Cruz y las acusaciones contra “la derecha” de supuestos afanes golpistas, son parte de una estrategia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Gobierno central que pretenden distraer a la población ante la tragedia ocasionada por los incendios en la Chiquitanía que hasta la fecha no son controlados, coincidieron analistas políticos y partidos opositores.

El presidente y candidato oficialista, Evo Morales, acusó a la derecha y a los activistas del 21F de conspirar contra la democracia.

"Esto es una conspiración a la democracia y, sobre todo, una conspiración a los actores defensores de la democracia que son los movimientos sociales. No se presten a este juego, eso no dura, eso el pueblo no soporta, con cierto fascismo, racismo, eso da una mala imagen, pero no es el pueblo, son pagados, eso es condenable, rechazamos y no aceptamos esa forma de hacer política", afirmó.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, rechazó las acciones violentas y acusó al MAS de generar violencia y beneficiarse con los hechos porque quiere cambiar la agenda pública y la indignación nacional que existe por la negativa de la declaratoria de desastre nacional.

“La gente se da cuenta perfectamente que este es un accionar político para tapar o para cambiar la agenda en el desastre que estamos sufriendo los bolivianos por el tema de la Chiquitanía (.) El MAS es un especialista en la provocación para la generación de la violencia. Eso ha ocurrido de gorma permanente”, dijo.

Para el asesor del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Jimi Ortiz, personas afines al MAS son responsables de los disturbios de la noche del jueves, con el afán de distraer la atención pública del desastre ambiental en la Chiquitanía.

“Tenemos información de que gente infiltrada del MAS provocó y los jóvenes reaccionaron y entonces se produjo esos hechos lamentables. Por un lado hubo la provocación del MAS: están quemando nuestras tierras en la Chiquitanía, ayer (el jueves) quisieron cercar la Gobernación”, afirmó.

En tanto, Comunidad Ciudadana (CC) que también fue involucrada por oficialismo a través de un comunicado afirmó que rechazan “las irresponsables y tendenciosas declaraciones” de la dirigencia del MAS que pretende involucrar a Carlos Mesa en la violencia del jueves.

Exigimos a los dirigentes del MAS que dejen de generar confrontación en Santa Cruz con amenazas de cercos y otras provocaciones que buscan más violencia, acciones que buscan sobre todo, distraer la atención del desastre provocado en nuestra Chiquitania que ha generado un reclamo unánime de la población boliviana para que se declare desastre nacional frente a la indolencia del Gobierno”, dice también el comunicado.

Para la analista política, Érika Brocman, los hechos de violencia en Santa Cruz es un “modos operandi” propia del Gobierno del MAS que tiene el objetivo de generar confrontación y violencia en la sociedad civil.

“Una de las formas por las cuales se agita el conflicto es confrontando sociedad civil versus sociedad civil y cerrando los espacios de diálogo. Una revisión histórica muestran que esta es una suerte de modus operandi mediante el cual se enfrenta la sociedad y después sirve de pretexto para poder reaccionar desde el Estado pero con un sentido político represor”, afirmó.

En tanto, el exparlamentario y analista político Carlos Borht, observó el comportamiento de la Policía en el conflicto que en vez de apaciguar a los marchistas los reprime con más violencia.

“Salen a protestar anoche y ¿qué hace la Policía?. En vez de para la marcha porque están en contra de la palabra del Presidente y en contra de la Ley departamental (de pausa ambiental) reprime a los universitarios y a quienes se manifestaron en Santa Cruz. Está claro que la Policía tiene un trasfondo estrictamente político”, afirmó.

AGRESIONES DE LA POLICÍA

El día del enfrentamiento en Santa Cruz, las redes sociales reflejaron por lo menos dos agresiones de policías contra ciudadanos. En una de ellas se observa a un servidor público policial, ayudado por una mujer, empujar con violencia a un joven al interior de la casa de campaña del MAS, incluso intenta echarle gas lacrimógeno en el rostro y lo entrega a un grupo de hombres que lo golpean con violencia en todo el cuerpo y le patean la cara.

Otra agresión de los policías fue el denunciado por la activista del 21F, Fátima Cortez, quien afirmó que un funcionario policial le dio un puñete en el rostro cuando ella estaba filmando la detención de los jóvenes. Le prohibió hacerlo, la amenazó con arrestarla y luego la discriminó debido a que la mandó a lavar, barrer y cocina a su casa.

“Me discriminaron y mellaron mi dignidad como mujer, como si las mujeres solo sirviéramos para hacer esas tareas”, dijo.