Morales no garantiza las áreas forestales

La Constitución Política del Estado en el Art. 33 establece: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos desarrollarse de manera normal y permanente”. El Art. 386 .I. manda: “El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas”.

Sin embargo, Evo Morales no garantiza ese derecho humano, porque con la aprobación de la Ley 741 autoriza el desmonte para la ampliación de la frontera agrícola, para la invasión de los cocaleros, la agroindustria de la soya y la caña para el biodiesel, altamente contaminantes y depredadores de la tierra, porque esas tierras son eminentemente forestales. Y con el DS 3.973 Morales entregó a la Federación de Ganaderos la autorización para quemas y desmonte, que impulsa la ganadería de exportación de carne a China, en territorios que son forestales, generando anarquía y tráfico de tierras fiscales, para justificar su posesión y ampliación de monocultivos industriales, sin un estudio de sostenibilidad.

Estas alianzas del modelo agroindustrial con las elites cruceñas son para generar grandes ganancias, a costa de grandes pérdidas del territorio de Bolivia, porque están quemando los bosques cruceños que son generadores de vida, lluvia, agua y salud, esencialmente, solo para contar con votos para su reelección inconstitucional.

Con los incendios en la Chiquitania perdimos 40.000 árboles maderables, que son potenciales, como roble, cedro, soto, tarará y yesquero. La pérdida por lo que se ha quemado se estima que asciende a $us. 1.100 millones de recurso maderables, según el Colegio de Biólogos de la Paz, sin contar los daños irreparables de 1.500 especies de animales, 3.500 especies de plantas, de los bosques secos únicos en el mundo que tardarían en crecer hasta 300 años porque no cuentan con disponibilidad de agua. Ello trae consigo la contaminación y daño a la salud, porque las cenizas pueden llegar a los afluentes y los pobladores están expuestos al consumo de agua contaminada, con epidemias que pueden ser incontrolables.

Estos árboles maderables perdidos pudieron generar empleo, por la agregación de mano de obra que existe en gran cantidad, transformando productos que son altamente cotizados en el mundo y ser agentes económicos que generen ingresos en divisas, por la exportación de productos por nuestros microempresarios, que hoy están utilizando madera importada (elaborada con aserrín), productos desechables, especialmente chinos. Morales declaró pausa ecológica solo para evitar la venta de tierras, nada dice sobre la abrogación de su Ley 741 y su DS 3.973, que incendia Bolivia.

Perú, Argentina, Chile y Estados Unidos ofrecieron ayuda y finalmente el gobierno aceptó que NO existen condiciones para enfrentar el desastre. Morales ateniéndose a la Ley 602 de Gestión de Riesgos determina declarar Desastre Nacional o emergencia Nacional cuando no se tenga condiciones para enfrentar el problema, pretendiendo hacer creer al mundo que Bolivia tiene condiciones. Sin embargo mintió y ante el pedido clamoroso del pueblo boliviano exigiendo recibir ayuda, su reacción fue tardía, después de más de 15 días que ardía Bolivia llegaron aviones, avionetas, helicópteros y expertos en lucha contra incendios de gran magnitud. A pesar de esa ayuda, de recursos económicos que pasan de 2 millones de $us, los que están luchando contra el fuego son los bomberos, la policía y mucha gente del pueblo de Bolivia. Esperemos que la ayuda económica no vaya a los bolsillos de los “colonizadores” cocaleros.

Ante este panorama apocalíptico de destrucción de bosques generadores de vida, por la tardía gestión en las quemas, exigimos declarar Desastre Nacional, porque el responsable de resolver los problemas de Bolivia estaba en sus afanes de campaña electoral inconstitucional e ilegal, declarando que se controló el fuego.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.