Derogar decretos que autorizan quema de bosques

La tragedia que sufre el país con la quemazón de bosques en el departamento de Santa Cruz y que ya ha consumido miles de hectáreas, es un hecho que ha conmovido no solamente a la población nacional sino al mundo entero. Lo grave y sensible es que las quemazones que están en proceso desde hace tiempo, han sido autorizadas por disposiciones legales, Ley 741 PD 20 y DS 3.973, que pretendían “quemas autorizadas para la agricultura en suelos de vocación forestal”. La organización Productividad Biosfera Medio Ambiental (Probioma) responsabiliza a la autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por el desastre ambiental ocasionado en los bosques chiquitanos.

Al respecto, esta institución ha expresado: “Lamentablemente, la ABT y el INRA en complicidad con la gobernación -que no hizo nada ni dijo nada y dejó hacer - han otorgado tierras para la ampliación de la frontera agrícola, cuando estos suelos no son aptos para la agricultura, y lo peor es que la ABT otorgó permisos para quemas ‘controladas’, eso no existe porque la quema es un instrumento totalmente negativo para los suelos”.

El problema, pues, es de extrema gravedad y exige que el gobierno derogue las disposiciones que autorizan las quemazones en las áreas protegidas de todo el país y muy especialmente en la zona de la Chiquitania, que es más susceptible a quemazones rápidas, especialmente cuando los vientos se tornan favorables para el traslado de ramas con fuego. Un elemental principio de prudencia señala que el gobierno, antes de aprobar una ley y un decreto disponiendo permisos especiales para las quemazones, requería revisar estudios sobre lo peligroso que es quemar pastizales, ramas secas y bosques degradados tan solo con el objetivo de “conseguir tierras aptas para la agricultura”, en muchos casos, para más cultivos de coca.

El país posee muchas regiones que no han sido tocadas, que podrían ser utilizadas con fines de cultivar tubérculos y alimentos de toda naturaleza, que de alguna manera reemplacen a las importaciones que se hace para proveer la demanda interna, puesto que el país ha dejado de producir lo que consume desde hace tiempo, por los descuidos habidos para la utilización de tierras aptas para la siembra de productos agrícolas. Por el descuido se llegó al extremo de permitir que familias integras de las áreas rurales emigren a las ciudades, “porque no les convenía continuar con sus chacras”. Es así que no se previno ninguna medida para evitar que zonas extensas sean abandonadas, con el pretexto de “ser imposibles para siembras”.

El problema es grave y lo que corresponde es declarar zonas de desastre y recurrir a la ayuda internacional para terminar con los incendios y, además, con miras a tomar previsiones para que se evite la incursión de campesinos en procura de “tierras aptas” que se debe otorgar en zonas propicias para la agricultura.