Víctimas inocentes que sufren en las cárceles

Soportar los rigores de una prisión y verse privado de libertad por causas que señalan las leyes y que han sido analizadas y juzgadas por jueces probos y dignos, es justo, conjuga perfectamente con la Constitución y las leyes, porque hace honor a la buena administración de justicia. Pero, sentirse condenado a prisión, juzgado por hechos faltas o delitos no cometidos y menos comprobados, es un atentado contra la vida, los derechos humanos y la Constitución y las leyes. Estos son los casos de varias personas que padecen los rigores de la prisión injusta, atrabiliaria y que demuestran ser efecto de la inquina partidista, de sentimientos vengativos, de envidias y racismos. Este es el caso de Franklin Gutiérrez, que en agosto de 2018 se entregó a la Policía porque se dijo que “estaba en el marco de las investigaciones de una presunta emboscada en los Yungas”.

Otro es el caso de Leopoldo Fernandez, que desde el inicio del actual régimen de gobierno sufre las consecuencias de estar preso por muchos años y arresto domiciliario en los últimos por el “delito” (endilgado) de hechos producidos en Cobija y que él habría “alentado”; hecho que por más que se dijo fue investigado, no se encuentra prueba alguna y el juicio continúa imparable. No hay consideración ni respeto por el señor Fernández, que por estar enfermo y por su avanzada edad, debería ser liberado y, por otra parte, comprobar lo que se dijo que hizo y que, en casi catorce años, no se probó.

Son dos víctimas de la mala administración de justicia; dos víctimas que padecen los rigores de la inquina político-partidista; dos seres que están alejados de sus familias y que, dado el tiempo transcurrido de no encontrar remedio alguno para su situación, tiende a prolongarse indefinidamente. Franklin Gutiérrez, dirigente de los cocaleros de los Yungas, resulta “culpable” para conveniencias e intereses creados, tan solo por defender derechos de sus compañeros cocaleros, que querrían tener los mismos derechos y ventajas que tienen y disfrutan cocaleros asentados en otros sitios del país. Pero, estar detenido sin pruebas durante 365 días (un año), parece no ser suficiente ni para fiscales ni para jueces ni para policías o autoridad alguna. El señor Gutiérrez “debe pagar sus culpas así no haya cometido falta o delito alguno porque nada pudo probarse”.

La administración de justicia es tan mala en nuestro país, aumentando las víctimas de su mala conducción y atención, que da para transcribir lo que dijo Francisco de Quevedo: “Donde no hay justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría”. Son palabras lapidarias para quienes dicen estar al servicio de la Justicia y los derechos del ser humano, aunque, en la cruda realidad, los juzgadores no deben sentirse conciencialmente bien, pero sí calificados por el autor de El Quijote.