Penalización de protestas sociales

Es increíble que quienes participaron, por décadas, en el llano, de manifestaciones y bloqueos, ahora, en el Poder, quieran penalizar tales protestas sociales, hasta con 20 años de cárcel, en México, la patria de Benito Juárez.

La protesta social que reafirma, en algunos casos, el clamor por mejores condiciones de vida, de sectores populares e indígenas, estará sujeta a la penalización, en la región de Tabasco. La medida entró en vigencia el primero de agosto pasado.

Los “redentores” del movimiento popular así han dado un giro de 90 grados en su pensamiento y accionar político. Resulta que de “redentores”, pasaron a ser los detractores. Ahora para ellos el movimiento popular ya no es digno, sino indigno. Padecen de amnesia y actúan de manera diferente. Por ello es que pretenden penalizarlo, sentenciarlo y anularlo, marcando una actitud estrictamente regresiva.

Ayer decían apoyar las reivindicaciones sociales de los menos favorecidos y ahora desdicen todo lo dicho con medidas restrictivas. Ayer engrosaban sus filas y ahora se han desmarcado. Ayer hablaban a favor de los pobres y ahora los tratan con displicencia.

De veras que no solamente en dictadura sino también en democracia se ha demonizado la protesta social. Es que la intolerancia siempre ha buscado minimizar sus manifestaciones, sofocándolas, inclusive con gases lacrimógenos, balines de goma, canicas y hasta proyectiles de armas de fuego. Esa suerte ha corrido esa medida social.

“El uso de la sanción penal, que es el instrumento punitivo más fuerte, para regular la protesta social de una manera tan general, y con sanciones que pueden alcanzar hasta los 20 años de encarcelamiento es excesivo”.

Así refleja El DIARIO, de agosto 21 del presente, los conceptos vertidos en un documento que habría sido enviado al presidente mexicano, por tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ellos, personeros de un organismo internacional multilateral, calificaron de “excesiva” la penalización de la protesta social, que recae en Tabasco – México. Por consiguiente: es el eco de las naciones que se han propuesto preservar la libertad de expresión, defender los derechos humanos, entre otros puntos.

De esta manera se pudo advertir una ola de críticas a la penalización de la protesta social o “Ley Garrote”, en el interior y exterior del país azteca.

Los pueblos, sea cual fuere su origen social o político, deberían gozar de amplia libertad para pronunciarse, públicamente, mediante mitines, manifestaciones y marchas, para hacer conocer sus necesidades más apremiantes y sobre todo la realidad de sus países. Así como los logros y frustraciones de los gobiernos, en particular.

El impedirlo significará la conculcación de las libertades ciudadanas, en democracia, recuperada, como bien sabemos, por aquellos, en el pasado mediato.

En suma: el virus de la penalización es contagioso y ojalá no contamine por acá también.