Comisión redactará proposición acusatoria de juicio contra Morales

El Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) conformará una comisión compuesta por expertos en derecho, pueblos indígenas y otras instituciones para la redacción de la proposición acusatoria del juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, por permitir la vulneración de los recursos naturales y los afectados por los incendios en la Chiquitania.

El exdefensor del pueblo y miembro del Conade, Rolando Villena, dijo que la demanda será presentada a la próxima Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que la actual está compuesta por más de dos tercios de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) que rechazarían la demanda contra el mandatario y sus ministros de Estado.

"Se va a conformar un comité impulsor del juicio de responsabilidades bajo el criterio de compromiso con los derechos humanos (...). Este juicio se va a instaurar en la próxima legislatura, a partir del 22 de enero y tiene que estar instrumentado en la línea de lo que es traición a la patria", informó Villena.

La propuesta de impulsar un juicio de responsabilidades contra el mandatario nació del líder indígena y portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Alex Villca. Aseveró que la tardía acción del gobierno ocasionó un incendio de magnitud y el daño al ecosistema, la pérdida de flora y fauna de la Chiquitania.

JUICIO

La Ley 044 de Juzgamiento de Presidente y Vicepresidente y altas autoridades del Órgano Judicial indica que la presidente o vicepresidente serán enjuiciados cuando en el ejercicio de sus funciones cometan los delitos de traición a la patria, sometimiento al dominio extranjero y otros. Otro de los integrantes del Conade, Manuel Morales, dijo que la demanda contra el mandatario estará en base al artículo 124 de la Constitución Política del Estado (CPE), traición a la patria, además tomarán en cuenta el delito de genocidio que está tipificado en el código penal.

El numeral 2 de dicho artículo establece que vulnerar el régimen constitucional de los recursos naturales está tipificado como “traición a la patria”, este delito está inmerso en el Código Penal y determina que la máxima sanción es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

El artículo 342 de la carta magna también indica que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad.

La 347 advierte que el estado y la población deben promover la mitigación de los efectos nocivos al medioambiente que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños medioambientales y los delitos dentro de este marco son imprescriptibles.

A la vez, Villena manifestó que es necesario incluir en la CPE los delitos de biocidio y etnocidio, tomando en cuenta que las naciones y pueblos indígenas que habitan las zonas afectadas, corren peligro porque se extermina su territorio y su forma de vida.

PROCEDIMIENTO

Villena manifestó que la comisión estará compuesto por expertos juristas en derecho penal y constitucional, quienes se encargarán de fundamentar legalmente la proposición acusatoria. Ésta será entregada al fiscal general del estado que en un plazo de 30 días debe analizar y presentar un requerimiento acusatorio.

En caso de existir materia justiciable, el proceso es remitido a la Asamblea Legislativa donde se desarrolla el juicio, donde también debe ser evaluado y con el voto de los dos tercios se viabiliza la demanda y luego es enviado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Villena dijo que solicitarán al próximo Gobierno el cambio del Fiscal General del Estado y los vocales del Tribunal Supremo de Justicia, porque las actuales autoridades son funcionales al partido oficialista.

NORMAS CUESTIONADAS

Villca insistió en la responsabilidad directa del Gobierno con los incendios forestales, tras haber decretado normas que permiten más desmonte con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, pero, señala, que ahora el Gobierno del MAS, politiza el tema y busca cuidar su falsa imagen de protector de la Madre Tierra.

Los pueblos indígenas decidieron marchar desde san Ignacio hasta la paz, exigiendo al gobierno que declare desastre nacional por el incendio de magnitud en la Chiquitanía. El viernes está prevista otra movilización de los sectores sociales y activistas con la misma demanda.

De acuerdo con la Fundación Solón y a la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, el incendio forestal en la Chiquitanía afectó a más de 2 millones de hectáreas de bosque, donde al menos 40 millones de árboles y aproximadamente 1.200 especies de animales vertebrados, han sido golpeados tras los incendios. Que también llegaron a 10 parques y reservas naturales.