Las árbitras y juradas del Órgano Electoral

El Órgano Electoral Plurinacional es, según la Constitución vigente, un poder del Estado, cuando la doctrina de la Teoría del Estado sostiene que los poderes y órganos son tres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Seguramente se le dio esa calidad, para que este órgano responda cabalmente a la conformación del poder político, mediante la consulta a la voluntad del pueblo expresada en el sufragio.

Sin embargo, siguiendo la doctrina sobre el Estado, el órgano electoral no es un poder, pues no define derechos como los otros órganos, sino que es simplemente una instancia administrativa, que tiene por finalidad administrar las elecciones y luego del conteo de votos, decir quién ha ganado. Pero si es un órgano o poder, siguiendo la misma teoría filosófica del Estado, debería tener absoluta independencia y estar separada de los otros órganos o poderes, de tal manera de garantizar un eficaz proceso electoral, lo que no sucede ahora, en este tiempo de populismo, en el que el órgano electoral ha perdido independencia y sirve a los intereses del Órgano Ejecutivo, al igual que los otros órganos, lo que demuestra que no hay democracia, o esta es una caricatura, pues sin independencia de poderes no hay democracia.

La dependencia del órgano electoral respecto al Órgano Ejecutivo es tal, que las autoridades electorales del Tribunal Supremo Electoral con objeto de viabilizar a los actuales gobernantes para un nuevo período, han ratificado la ilegal facultad de “modificar” la Constitución Política del Estado, que se atribuyó el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su resolución No.0084, dejando sin efecto el Art. 168 de la CPE que dispone solo dos períodos consecutivos de ejercicio presidencial, es decir atentando contra lo dispuesto por la ley suprema del Estado boliviano, y dejando de lado la voluntad ciudadana expresa en el referéndum de 21 de febrero de 2016, que por disposición legal es vinculante, es decir de cumplimiento forzoso.

Conseguido el retorno al sistema democrático y el estado de derecho, luego de la escandalosa conducta de una Corte electoral al servicio de intereses partidistas de ese tiempo, a la que se denominó la “banda de los cuatro”, se institucionalizó la instancia electoral, nombrándose a destacados y meritorios ciudadanos, como fue el abogado Huáscar Cajías K. y otros. Sin embargo, en este gobierno, al conjuro del “poder para siempre”, se encomendó esta labor a individuos comprometidos partidariamente con el oficialismo, como fue la denominada “banda de Ovando” y ahora a un grupo de individuos, rechazados y censurados por la opinión pública, que pide su alejamiento.

Ahora la cabeza del órgano electoral plurinacional, en una millonaria campaña en los medios de comunicación social, nos incita a votar, garantizados por la organización humana de “árbitras y juradas” electorales, atropellando el idioma español, que es el oficial del Estado boliviano. Y es que, como sabemos, el árbitro y los jurados son un nombre sustantivo que hace referencia a un cargo, función, profesión, etc., de tal manera que el árbitro es el o la que arbitra una competencia, o el juez el o la que juzga, esta figura gramatical no tiene género, y un juez puede ser varón o mujer, de tal suerte que es el señor juez o la señora juez que administra justicia. Si seguimos el manejo idiomático del órgano electoral, deberíamos decir: masista y masisto, en referencia a los militantes del partido de gobierno, o bolivarista y bolivaristo a los seguidores de ese equipo de fútbol.

La ausencia de sintaxis gramatical en la propaganda del órgano electoral exterioriza la calidad de sus miembros, pues se supone que para aprobar una propaganda pagada, alguna autoridad tiene que dar su aprobación, y es de suponer que ese alto funcionario, por lo menos debe conocer algo de gramática.

Alguien podría denominar a los miembros de la actual instancia máxima del órgano electoral como la: “banda de las árbitras”, en referencia a la propaganda televisiva de los mismos.

En beneficio de la salud de la democracia y los derechos ciudadanos, debemos participar en unas elecciones libres, independientes y sujetas a la legalidad, administradas por personas idóneas moralmente, independientes, que garanticen un proceso transparente, pero en octubre estamos yendo a participar en elecciones con la presencia de algunos candidatos “ilegales”, habilitados forzosamente por el mismo poder político que controla todo el aparato estatal.

El autor es abogado, politólogo y escritor.