Aldo Luna Maceda
Preocupa en el país el aumento de la violencia contra mujeres y niños, pues no hay forma de poner coto a semejante problema social. Cada vez con mayor frecuencia se informa sobre casos de violación, abuso físico y emocional, acoso sexual, abortos clandestinos, etc. No faltan argumentos absurdos como que “solo los hombres deben estudiar, las mujeres se casan”; “en hogares humildes, solo los varones deben comer”, “al estar casada la mujer, siempre debe obedecer al marido”, etc.
La ley no ampara la violación a la mujer, ni las agresiones físicas y emocionales contra ella, o atacarla con armas. Por otra parte, la Convención sobre los derechos de la niñez subraya que todos los países tienen que defender a los niños y niñas de la violencia física o mental, de males como maltrato y abuso sexual, que indigna a todos, considerando que quienes lo hacen son enfermos mentales.
El artículo 34 de los derechos de la niñez refiere que la explotación y el abuso sexual son crímenes de lesa humanidad, al igual que el secuestro de menores. En Bolivia la mujer sin distinción de clase tiene derecho a la vida, a seguridad, a salud física y mental, a buenas condiciones laborales. La mujer tiene derecho a servicios médicos en los casos de violación.
El aumento de los feminicidios y la violencia sexual contra niños provoca una ola de protesta en la ciudadanía, que ve que los organismos encargados de proporcionar garantías y seguridad a mujeres e infantes no funcionan. Hay muchas promesas sin cumplimiento.
La ciudadanía observa con horror que mujeres y niños no tiene garantías de sobrevivencia, porque constantemente personajes enfermos cometen abusos sexuales. Los organismos policiales observan con impotencia la consecución de esos delitos de lesa humanidad. El castigo a estos delincuentes tiene que ser drástico para evitar que sigan delinquiendo con impunidad.
El castigo de 30 años de cárcel, sin derecho a la apelación o indulto, que establece el Código de Procedimiento Civil y Penal, no detiene ni atemoriza a los delincuentes sexuales. La actual Asamblea Legislativa aprobó esta pena carcelaria, que no tuvo impacto en el mundo delictivo. En el próximo Gobierno y nueva Asamblea Legislativa se tendrá que volver a tratar el tema de la defensa de las mujeres y niños, porque el delito sigue aumentando cada día, lo que alarma a la sociedad boliviana.
Por ello es necesario reorganizar el Legislativo, con representantes que tengan conocimiento de las leyes, para un debate jurídico. Aquí hay que hacer notar que varios parlamentarios no tienen ni conocimientos mínimos para desenvolverse en una Asamblea Legislativa y es porque los partidos políticos propugnan a candidatos sin exigir nivel académico. Hay que ser realistas, los partidos políticos oficialistas y opositores deben razonar mucho antes de nombrar representantes a las cámaras legislativas.
En cuanto al tema que abordamos, la elaboración de una nueva ley en defensa de las mujeres y niños, no debería descartar medidas drásticas como la castración química para detener a los delincuentes sexuales.
El autor es Profesor Emérito de la UMSA.
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